La Justicia investiga a la firma de recolección de residuos vinculada a Hugo Moyano por una operación de US$ 1,3 millones. La avanzada contra Covelia es parte de la guerra entre el Gobierno y el camionero.
La Justicia allanó las oficinas de la empresa Covelia en una causa donde investiga una supuesta operación sospechosa de lavado de dinero por 1.300.000 dólares. La avanzada contra la firma vinculada a Hugo Moyano es parte de la guerra entre el Gobierno y el camionero.
El procedimiento se realizó la semana pasada y coincide con la tensión en la relación del Gobierno con el líder de la CGT, Hugo Moyano, con quien se ha vinculado históricamente a la compañía que controla la recolección de residuos domiciliarios en una docena de partidos de la provincia de Buenos Aires. Los dueños de Covelia y Moyano negaron siempre con insistencia tener relaciones comerciales y vínculos financieros entre sí.
Según publicó hoy La Nación, el procedimiento fue ordenado por el juez federal Rodolfo Canicoba Corral, tras una denuncia realizada por el fiscal federal Carlos Stornelli, luego de una investigación preliminar sobre los negocios de la compañía. El caso recayó en manos de su colega, el fiscal Patricio Evers, que impulsó la investigación.
Canicoba Corral realizó dos allanamientos en busca de documentos donde habría quedado asentado un ingreso de dinero en Covelia de 1.300.000 dólares que le realizó la compañía Down Stream Company, pero que en realidad provendrían de la uruguaya Trinity Fair.
Esta triangulación e inyección de dinero, que en un principio apareció injustificado, fue el detonante del procedimiento efectuado en oficinas de Monserrat donde Covelia tiene declarado su domicilio, en oficinas del contador Carlos Vázquez, contador de la empresa.
Covelia y Down Stream, según la denuncia de Stornelli, declaran el mismo domicilio alternativo -Tucumán 810 1° piso-. El fiscal acreditó que el movimiento de fondos se efectuó a través de un agente de Bolsa. El fiscal señaló que la constitución de Down Stream Company "pudo haber tenido por finalidad enmascarar operaciones económicas financieras vinculadas al ingreso de dinero en efectivo a la firma Covelia" y sostuvo que Trinity Fair, de donde llegó el dinero, "se trataría de una empresa fantasma".
Debe determinarse, dijo el fiscal, si los fondos provienen "de algún delito o tuvo en miras defraudar las arcas del Estado nacional".
Con estos elementos, Canicoba Corral buscó las constancias de estos préstamos entre empresas que para el fiscal podrían estar relacionadas.
La transferencia
Covelia se presentó en la causa y reconoció que efectivamente se había realizado esta transferencia de fondos a través de un crédito que ya había saldado por la empresa y la plata había sido devuelta en su totalidad.
El abogado de Covelia, Gabriel Len, señaló que la documentación correspondiente a ese crédito ya estaba en poder del tribunal.
En el juzgado analizan ahora los resultados de los allanamientos y la información aportada por al empresa, según la cual ya no quedarían dudas de la operación financiera.
Stornelli había pedido confrontar los registros contables de Covelia, hacer un peritaje contable para determinar el origen de los fondos y la operatoria por la cual el dinero llegó al país. El fiscal también centró su mirada en la firma Garlik, una empresa situada en el mismo domicilio que Covelia, cuyos directivos son Nelly Lettieri y Regina Depresbiteris, madre y hermana del dueño de Covelia, Ricardo Depresbiteris. Luego el propio Depresbiteris y su mujer Elvira Mete se convirtieron en socios mayoritarios.
Esa empresa -en cuyo balance no se advierten ingresos de dinero sustanciales- adquirió por 400.000 dólares una propiedad en Palermo, un barco, el "Enter N Prise", otro inmueble en Quilmes por 260.000 dólares y otro en Merlo por 57.000 dólares.
Justamente en la propiedad de Palermo, sobre la calle Castillo, casi Thames, habitada por un importante empresario de la basura, la Policía Federal durante sus tareas de inteligencia advirtió la presencia "habitual de Hugo Moyano y otros dirigentes sindicales de primer nivel", según la denuncia de Stornelli.
La esposa de Depresbiteris, antes de ser empresaria en Covelia y Garlik, estaba inscripta en la AFIP como vendedora de pan al por menor y su marido hasta 2004 -según información del Banco Nación contenida en la denuncia- era jefe de compras de Covelia, con un sueldo de $ 2175.
Al año siguiente estaba inscribiendo las empresas, comprando barcos y propiedades. Sobre estos negocios el fiscal pidió profundizar la causa.