El placer de los dioses

El análisis del filósofo Santiago Kovadloff.

 

En el hinduismo hay varias deidades femeninas. A muchas, en la mejor tradición de su cultura, se las representa vestidas con lo que en occidente consideraríamos poca ropa. Sensualidad implícita. Por su parte, en los politeismos grecoromanos, la figura de la mujer como objeto de culto no solo existe sino que –por caso, en el Olimpo Griego– la promiscuidad pareciera ser un problema. Son varios los mitos que relatan las aventurillas amorosas de Zeus y los suyos, que dieran origen a semidioses, bastardos y apócrifos de toda índole. Pero el cristianismo es muy distinto. A tal punto la fe católica reniega del sexo, visto como fuente de tentación y pecado, que su principal imagen de mujer sagrada es virgen. En la última edición de Noticias, el filósofo y escritor Santiago Kovadloff analiza, entre otros puntos, cómo el relato oficial ha tendido –lenta pero espeluznantemente– a la deificación de sus líderes. La Presidente Cristina Fernández de Kirchner nunca nombra en público a su difunto esposo. Es solo “Él”, sin más presentaciones necesarias. “Cuando ella no lo nombra, hace algo muy interesante”, dice Kovadloff, “Es solo una conjetura, pero creo que no lo nombra porque considera que él no cabe en la palabra. En la tradición judía, a Dios no se lo puede nombrar, porque Dios es lo inconmensurable ¿Y qué palabra puede dar cuenta de lo inconmensurable sin ser en sí una contradicción? Cuando ella no lo nombra, está dando una idea de que lo que él implica rebasa ampliamente lo que de él pueda decirse. Pero, al mismo tiempo, estoy convencido de que ella se atribuye a sí misma un poder de conducción que no puede encontrar paralelo en ninguna figura que ejerza la política sin ese espíritu visionario. La finalidad fundamental [de este modelo] es crear una democracia que ya no esté sujeta a controles, porque hay un proyecto de transformación social que está presidido por un liderazgo iluminado, en manos de un hombre (o una mujer) providencial. Y en este punto reaparece lo religioso (y esto se lo he leído a Fontevecchia en sus columnas): la aparición de un régimen vertical que tiene por finalidad la redención por la vía de la transformación del Estado convertido en un proyecto donde la ley está supeditada al ideal del poder y no al revés”. Quizás esta nueva construcción, la del mito de una “Santa Cristina” –acaso una mayor emulación de la leyenda de Evita– sea la que provocó que tantos se sintieran incómodos ante la tapa de Noticias que habla sobre “El goce de Cristina”. Porque Cristina es Dios. Y –en una patria cristiana y observante de las buenas costumbre– los dioses no gozan.

 

 

De la Sota suma diputados rebeldes y deja al gobierno al filo del quórum

El gobernador recibió al bloque del peronismo federal y tentó a varios itinerantes a plantarse contra el oficialismo. Es parte de su gestión como líder del PJ díscolo, que inició esta semana y seguirá el martes en homenaje a José Ignacio Rucci. La inoportuna licencia de Sabbatella y el efecto cacerola. La presión de la Rosada y el temor por Entre Ríos.

 

Enfrentado con Cristina Kirchner, José Manuel de la Sota se convirtió en el garante de los peronistas no identificados con el Gobierno y por primera vez intervino en el poroteo de la Cámara de Diputados. Su intervención se hará valer en las próximas sesiones cuando al kirchnerismo no le sobre casi nada para conseguir quórum y pueda sufrir cualquier ausencia imprevista. Tal vez por eso, septiembre apunta a ser el primer mes sin que siquiera haya una sesión y, al menos por ahora, sólo está previsto que el recinto se abra para tratar temas motorizados por el oficialismo pero con acuerdo previsto con la oposición, como la reforma al Código Civil y el derecho a votar para jóvenes y extranjeros. De la Sota recibe semanalmente a dirigentes varios en la Casa de Córdoba y el martes fue el turno de los diputados del peronista federal, conducido por el mendocino Enrique Thomas. El invitado estelar fue el santafesino Juan Carlos Forconi, cercano a Jorge Obeid. La reacción del ex mandatario de Santa Fe puede tomarse como uno de las primeras movidas post cacerolazo: hasta ahora, Forconi acompañaba al FPV-PJ, pero no tuvo empacho en mezclarse con los mayores críticos de sus acciones. “No creo que ahora el kirchnerismo pueda contar más de 132 diputados”, confió Thomas ante LPO. Las cuentas no lo alejan de la verdad. Ya nadie en el kirchnerismo puede contar como propios a Juan Facundo Moyano y a Omar Plaini, aunque integren la bancada oficial y se sienten cerca de la conducción del bloque. Acordó su permanencia Héctor Recalde, histórico abogado de Moyano, pero también padre de Mariano, el presidente de Aerolíneas. “Lo presionaron”, se lamentó el camionero antes de su último acto en plaza de mayo, cuando el abogado dedicó la tarde a defender sus proyectos de ley en la sesión. Sin los dos sindicalistas, el FpV-PJ se queda con 114 propios y suma a los siete de Santiago del Estero, tres de Neuquén, dos del PJ Pampeano y ahora a sólo cuatro de Nuevo Encuentro. Ahí estaría con sólo un voto más que el quórum y para engrosar la cuenta tiene hasta ahora al salteño Walter Wayar y al sindicalista matancero Rubén Ledesma y algunas veces a Jorge Garramuño, del Movimiento Popular Fueguino. Y esperar que camino tome Felipe Solá y sus dos aliados. Nada saca de apuros a un oficialismo que comenzó diciembre pasando expedientes por el recinto sin mayor debate. De la Sota ya le restó al Gobierno los votos de sus protegidos Francisco Fortuna y Estela Garnero. Y se reunió con Forconi para invitarlo a seguir ese camino y dejar de ayudar a Rossi cuando le falten votos. Por si fuera poco, esta semana el jefe de bloque tuvo la mala noticia de que perderá un voto con la partida de Martín Sabbatella a la Asociación Federal de Servicio Audiovisual. El ex intendente de Morón se pedirá licencia y no será reemplazado, ya que si eso ocurriera su lugar lo ocuparía el líder de Libres del Sur, Jorge Ceballos. Temor al gallego

En el Gobierno nacional ya ven a De la Sota como el motor del peronismo opositor, capaz de complicarle la elección en varias provincias y restarle legisladores necesarios para llegar a los dos tercios que hacen falta en una reforma constitucional. Tal es así que ayer tuvo una reacción inmediata cuando supo que el gobernador de Córdoba se había reunido con Jorge Busti, ex mandatario de Entre Ríos y derrotado en la elección de octubre. Anoche mismo, el gobernador Sergio Uribarri, recibió a los cinco intendentes entrerrianos que arribaron de la mano del Frente Entrerriano Federal, la fuerza de Busti. Son el de Colón, Mariano Rebord; de Ubajay, Tomás Aguiar; de María Grande, Hugo Maín; de Basavilbaso, Silvio Valenzuela y de San Salvador, Marcelo Berthet. Según un cable de la agencia oficial Telam, los intendentes ratificaron su alejamiento de Busti y serán recibidos nuevamente en el PJ, luego de que un congreso levante su suspensión. “Esta es una decisión que como presidente del partido he tomado en la reunión de anoche pero que ya venía analizando, y que se va a formalizar en una reunión del Consejo Provincial a la que voy a convocar para el 1º de octubre", celebró Uribarri Los cinco alcaldes no concurrirán el martes a lo que será la primera demostración de fuerza de De la Sota: un acto frente a los tribunales de Comodoro Py para pedirle al juez Ariel Lijo la reapertura de la causa por la muerte del sindicalista José Ignacio Rucci, hace 29 años. “Sabemos que hubo una participación política del ex gobernador Oscar Bidegain”, afirmó Thomas. Su hija, Gloria Bidegain, es diputada del Frente para la Victoria, una de las que no puede faltar que garantizar el quórum

"Extrañamos a Néstor Kirchner"

El rabino y legislador del PRO Sergio Bergman admitió que “los que criticábamos a Néstor Kirchner, en algún punto lo extrañamos". "Jamás hubiera permitido que un Moyano se le vaya", advirtió.

 

El legislador porteño del PRO Sergio Bergman dijo hoy que “los que criticábamos a Néstor Kirchner, en algún punto lo extrañamos, porque el pragmatismo que había construído hacía que no se le escapara ninguna tortuga”. Bergman, en compañía del jefe de campaña de PRO, Humberto Schiavoni, visitaron Misiones para poner en marcha la campaña por la candidatura del titular de esta fuerza política, Mauricio Macri, a presidente de la Nación en 2015. Como vocero de la gira, el rabino Bergman dijo que el PRO no descarta alianzas con el radicalismo, el socialismo o el peronismo, pero advirtió que “falta la inteligencia para lograr esa unión, la generosidad que todavía no demostramos”. Con respecto a su comentario acerca del gobierno nacional, señaló que “muchas veces se subestimó al kichnerismo, que ya no existe más, porque lo que tenemos ahora es el cristinismo”. Añadió que “aquellos que inclusive criticábamos a él (por Néstor Kichner), hoy en algún punto lo extrañamos, porque el pragmatismo que el tenía para no desbancar el proyecto de poder y de caja que había construido hacía que no se le escapara ninguna tortuga”. A modo de ejemplo, puntualizó que el ex presidente “jamás hubiera permitido que un (Hugo) Moyano se le vaya, porque fue un socio estratégico en la construcción de poder”. Pero “tampoco dispararía contra su pierna derecha, que es la provincia de Buenos Aires, que le dio un caudal de votos, ninguneándolo, aislándolo a su propio gobernador; y jamás hubiera ido en contra de lo que genera riquezas, que son de alguna manera los empresarios”. Por esas razones, Bergman señaló que “acá estamos en un problema mucho más crítico. Una cosa es cuando él hablaba y nunca compraba el discurso que vendía, y el grado de radicalización que tenemos ahora en un límite casi de fundamentalismo, donde ella compra el discurso que vende”. Consideró que la presidenta Cristina Kirchner “está dilapidando la caja y el poder en seis meses, algo inaudito en la política argentina, porque siempre la economía dañó a la política, pocas veces la política está en condiciones de dañar tan seriamente una oportunidad histórica que tenemos”. Posteriormente, advirtió que “están madurando en la sociedad, en términos de autoconvocarse sin darle ningún crédito a ninguna estructura política y partidaria, los indignados de Cristina, movimiento de indignación popular autoconvocados”. Dijo que la protesta del pasado 23 de este mes, “parece una señal y por otro lado la oposición que ya no tenemos margen para que nos pase lo mismo que en 2009, en donde ganamos la elección pero la perdimos, porque él (por Néstor Kirchner) nos mandó a votar en junio y asumió en diciembre”. En ese lapso, según expresó el legislador porteño, “nos mandó con papas fritas, de manera express, la minuta de todas las leyes fundamentales de las que ahora estamos pagando los costos: la Ley de Medios, las AFJP, cuando el pueblo ya había votado, pero esa nueva mayoría no había asumido".

Ley de Medios: El gobierno avisa que no expropiará ni estatizará Cablevisión

El Gobierno nacional comenzó a emitir hoy un spot publicitario en el que ratifica que a partir del 7 de diciembre el Grupo Clarín deberá adecuarse a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. De cumplir la norma, avisó que concursará las licencias que excedan lo permitido por la norma. Pero señaló que “no expropiará ni estatizará medios de comunicación”.

 

El mensaje fue difundido esta tarde durante una pausa de Automovilismo para Todos y también en el Fútbol para Todos, antes del comienzo del partido por el Torneo Inicial entre San Lorenzo y Vélez Sarsfield, a través de la televisión pública. Con similares características a los spots que el Gobierno había puesto al aire contra los gobiernos de la Ciudad de Buenos Aires y de Córdoba. En esta ocasión, el spot fue firmado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y en él se remarcó la fecha de 7 de diciembre como el día de la puesta en vigencia del artículo 161 de la nueva ley de Medios, aprobada hace tres años y recurrida por "inconstitucional" ante la Justicia. Sucede que en mayo de este año, la Corte Suprema de Justicia dictaminó que el 7 de diciembre de este año deja de estar vigente la medida cautelar que había suspendido el artículo en cuestión presentada por el Grupo Clarín. El Gobierno entiende que a partir de ese momento el grupo que comanda Ernestina Herrera de Noble debe desprenderse de las licencias que no se adecuen a la LSCA aunque Clarín advirtió que continúa sin resolverse la cuestión de fondo sobre si el artículo es constitucional o no. Así, el spot dice que “la fecha límite para cumplir la ley” es el 7 de diciembre y que “tres años después, el grupo Clarín se niega todo, no reconoce al AFSCA, se niega a presentar un plan de adecuación y así ignora a los tres poderes de la Nación”. “El estado se verá obligado, si Clarín se niega a cumplir la ley, a llamar a un concurso público, garantizando las fuentes de trabajo, para adjudicar aquellas licencias que excedan el máximo autorizado por la ley a nuevos titulares, quienes obviamente, deberán cumplir con todos los requisitos legales, como cualquier hijo de vecino”, sostiene el corto publicitario. De todos modos, sostiene que “el Estado argentino no va a expropiar medios de comunicación ni va a estatizar medios de comunicación” y recalca que “Va a garantizar las fuentes de trabajo”. Eso sí, no niega que pueda intervenir. Además, el spot sostiene que luego de la sanción de la LSCA “algunos grupos presentaron medidas cautelares para que no se ponga en vigencia el sistema de adecuación, pero, nobleza obliga, tenemos que admitir que todos reconocieron desde su origen al AFSCA, salvo el grupo Clarín”. “Por la ley aprobada en el Congreso, cada grupo puede operar como máximo en el país 24 licencias de televisión por cable y 10 abiertas. El grupo Clarín tiene más de 240 sistemas de cable, 9 radios AM, 1 FM y cuatro canales de televisión abierta”, remarca el video. El Gobierno ya bautizó a la fecha clave como “7D” pero el spot dice que la letra “D” además de remitir a “diciembre” puede vincularse con “democracia” y “diversidad”. La respuesta del Grupo El contraataque del Grupo no se hizo esperar. En una nota en el diario Clarín, señaló que "el 7 de diciembre no debe suceder nada". "Es que si a esa fecha no está resuelto el juicio de fondo, donde se discute la inconstitucionalidad de los artículos 161 (desconocimiento de las licencias vigentes) y 45 (régimen arbitrario y discriminatorio de licencias), puede prolongarse la medida cautelar. Esto lo dijo la propia Corte Suprema en el fallo del 22 de mayo. Pero si para diciembre no se terminara el juicio de fondo, ni se prolongara la cautelar, en el peor de los casos, ese día recién entraría a regir para el Grupo Clarín el artículo 161, que establece un año de plazo para la llamada adecuación. Ese año incluso fue reglamentado por el Gobierno y el AFSCA, a través de un decreto y dos resoluciones. Y con ese año, como mínimo, cuenta el Grupo Clarín para obtener una sentencia de fondo de inconstitucionalidad. Esto fue ratificado por constitucionalistas tan diversos como Mario Midón, Martín Böhmer, Carlos Laplacette, José Miguel Onaindia, Gregorio Badeni, Daniel Sabsay y Andrés Gil Domínguez", dice el diario Clarín.

Lorenzetti: "No veo necesidad de reformar la Constitución"

El presidente de la Corte Suprema aseguró que "no ve un planteo concreto de reforma" de la Carta Magna. Qué opina del voto joven

 

Somos muchos los ciudadanos con hijos y nietos que quizá se encontrarían, a los 16 años, con la posibilidad de votar. Y, más allá de las opiniones personales, quisimos buscar la palabra del presidente de la Corte Suprema de Justicia. El Dr. Ricardo Lorenzetti tiene un hablar de términos explícitos y claridad de ejemplos. Y, periodísticamente, es fascinante seguir su pensamiento.

—Mire –explica–, nosotros tenemos aquí, cuando hablamos de los menores de edad, distintos aspectos. Hay cosas importantes que aclarar. En primer término, en materia civil. Es una cuestión absolutamente distinta. En el proyecto de unificación del Código Civil, nosotros postulamos la capacidad progresiva en materia civil que es, por otra parte, lo que señalan las convenciones internacionales con respecto a los Derechos del Niño y, en general, la Convención que protege los Derechos Humanos. Todas hablan de capacidad “progresiva”. Es darle, gradualmente, mayores facultades. Por ejemplo, actualmente al niño se le reconoce el derecho a estar en juicio y entre los 13 y los 16 años se le reconocen facultades para tomar decisiones personales sobre su cuerpo siempre que no sean lesivas. A partir de los 16, entonces, se le reconocen facultades para disponer de su propio cuerpo. Es decir que hay un reconocimiento de la capacidad progresiva en materia de derecho civil. En materia penal, en cambio, hay mucha discusión acerca de si los 16 años son un límite o no. Es decir, hay muchas propuestas que quieren bajar el límite de imputabilidad. Es un tema que está en discusión en el Congreso de la Nación. Y, en el plano de los derechos políticos, la situación es completamente distinta. Es un tema controvertido. Por un lado, tenemos las experiencias vividas en otros países. No son muchos…

—Brasil es uno de ellos, ¿no?

—Sí. Pero, en realidad, son pocos. No hay una experiencia acerca de cuál es el resultado. Me refiero a una experiencia suficientemente amplia. Hay mucho ir y venir: si los chicos participan; si no participan… En fin, diría que en segundo lugar, creo que este tema tiene que ser valorado en el contexto legal argentino. Hay que ver muchas otras cuestiones antes de darle a los jóvenes (así, sola) esta facultad.

—¿Quizá una costumbre argentina?

—Nosotros tenemos siempre una simplificación de los temas. Y cuando uno dice si un chico puede votar o no… bueno, obviamente puede votar. Nadie puede discutir eso. El problema es el contexto en el cual esto se aplica: ¿tenemos nosotros un sistema educativo que los está capacitando para eso? ¿Estamos favoreciendo el desarrollo de los jóvenes para que puedan ejercer ese derecho? Porque los derechos tienen un presupuesto. En abstracto se puede decir “estoy a favor o en contra”. En principio me parece bien, ¡pero el contexto en el cual uno aplica el Derecho no es tan sencillo! Si hablamos, por ejemplo, de muchos chicos que no tienen educación o que la pierden porque hay mucha deserción escolar… si, además, tenemos problemas de marginalidad social, ahí el tema se vuelve más difícil.

—Pero fíjese, doctor Lorenzetti, que aun en los mejores colegios hay un problema con la comprensión de textos. Como los chicos no leen (o muy poco), carecen de facilidad para la comprensión de textos. Y esto abarca a todos los niveles sociales…

—Sí. Creo que, en general, la comprensión política de los chicos es algo que va creciendo. Los menores tienen cada vez más idea de lo que pasa en el mundo por el propio manejo de la tecnología y la información, pero eso no significa que tengan “formación” política. Creo que hay que trabajar en el presupuesto de los derechos y no tomar decisiones apresuradas. También creo que esto puede plantearse, pero antes hay que trabajar en todo lo que hace falta para que ese derecho sea ejercido con buenos resultados.

Y, en tercer lugar, me parece importante (además de las experiencias de Derecho Comparado y la idea de Presupuestos) comprender que el ejercicio de un derecho político es un tema en el cual hacen falta muchos controles judiciales porque aquí hay toda una cuestión de empadronamiento, control acerca de quiénes son los que votan, garantizar la libertad para que el ejercicio del voto sea un derecho y no una utilización, etc. Entonces, nosotros vemos que en la Argentina es necesario, también, trabajar en un mayor control judicial del proceso electoral. Por otra parte es lo que vienen planteando la Cámara Electoral y casi todos los jueces de jurisdicciones electorales. Y eso se aplica aun más cuando se habla de voto de extranjeros. Ahí el control judicial tiene que ser muy fuerte porque, de lo contrario, son experiencias que terminan en conflictos.

—Lo que ocurre en Formosa…

—Por eso. No se puede analizar un tema en abstracto. Uno puede decir: “Estoy a favor. Y, sí… Me parece que sería bueno…”. Pero hay que trabajar todo este contexto para que, luego, no tengamos frustraciones y los chicos realmente puedan ejercitar libremente ese derecho…

—También es interesante observar que, hasta ahora, los chicos no se han manifestado en grupos o en forma callejera. Hemos visto cortar la calle Marcelo T. de Alvear porque no les gustaba el buffet del Pellegrini o la calle Alsina cuando despidieron a un portero del Buenos Aires, pero no hemos visto ninguna manifestación ni protesta para pedir el voto a los 16 años. Quizá también sea importante respetar los tiempos y los intereses de cada edad, de cada etapa de la vida…

—También se pueden hacer experiencias. Gradualmente. Por ejemplo, habilitando el voto juvenil a nivel municipal. Eso existe, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires. Su Constitución lo prevé.

—Sería interesante…

—Por ejemplo, también, cuando uno tiene que tomar decisiones de este tipo, de las cuales no hay muchos antecedentes y no está claro cuáles podrían ser los resultados. Además tenemos este tema de Presupuestos educativos, económicos, sociales… Se puede comenzar, entonces, haciendo experiencias más acotadas. A nivel municipal y luego, avanzar. Creemos que es bueno ir probando y haciendo experiencias hasta ver cómo funcionan. Creo que la participación de los chicos en la vida social, económica y política es muy formativa. Cuando están en la escuela también tienen que participar en otras actividades. Es parte de su formación relacionarse con la gente. A veces, hay chicos que están muy encerrados y necesitan sociabilidad. Entonces, creo que es un buen componente pero nuestro deber y el de todos los que formamos la sociedad es trazarles un camino que los conduzca a la plenitud y no a la frustración.

¿Les brindamos algo como para que se entusiasmen y después fracasen? No. Entonces hay que pensar en un sistema y pensarlo seriamente.

—Además, para un ciudadano responsable, el deber de elegir a sus gobernantes es fundamental… Por supuesto que también es un tema de conciencia para nosotros los adultos.

—Sin duda. Es un tema de gran responsabilidad y yo creo que los argentinos hemos tenido ya un proceso democrático en los años 80 que es un aprendizaje importante. Nuestra gente discute mucho de política. Es un país con un alto nivel de discusión política muy diferente de lo que ocurre en otras naciones de la región y del mundo. Pero también vemos, en países desarrollados, niveles de participación mucho más bajos que los nuestros. Al argentino le interesa la vida política, discute, sabe lo que está pasando. —Bueno, los grandes. Los chicos no leen el diario… no tienen mucha idea.

—Por eso, los grandes discuten, participan, y también yo creo que es bueno que los chicos se vayan introduciendo gradualmente. Esto forma parte de la vida educativa pero, a la vez, requiere seriedad, una organización, experiencias graduales. Me parece que es un tema para discutirlo.

—Además usted, doctor, lo enfoca con mucha sabiduría. Porque no es cuestión de decir “sí” o “no”. Este es un tema de elaboración. Como otros del Nuevo Código Civil. Hemos leído unas declaraciones suyas al respecto diciendo “no tendrá referencias al aborto. No lo regulará”. ¿Es así?

—Sí. Porque el aborto es un tema del Código Penal. En nuestro sistema legal, el aborto es un delito. Entonces es un tema que se trata en materia penal. No en materia Civil. En materia Civil lo que se regula son las consecuencias que derivan del hecho que una persona nazca con vida. Entonces, si “nace” es un hijo y por lo tanto el Código Civil regula las relaciones de los hijos con los padres y, luego, si muere regula la sucesión y, luego, todos los actos de esa persona durante su vida. Las consecuencias de nacer son las que regula el Código Civil. Las consecuencias de atentar contra la vida (o no). Esto depende de la definición que uno le da a la vida. Le reitero que el aborto es un tema del Código Penal y no se discute en materia civil.

Nosotros hoy tenemos el aborto regulado en el Código Penal. No está en el Código Civil. Hoy, en Argentina, el aborto tiene una prohibición general y tiene excepciones. Respecto a las excepciones la Corte ha dado un fallo aclarando cómo deben ser interpretadas esas excepciones y diciendo que debe haber protocolos en los casos de la mujer violada a quien se le debe dar asistencia. Entonces, la discusión general acerca de si debe cambiarse esa regla, de que el aborto es un delito y debe ser sancionado (como lo establece el Derecho hoy vigente) es un tema que se va a discutir en la reforma del Código Penal o en una ley especial. Y le digo esto porque quienes están trabajando en la reforma del Código Penal (otro grupo que no es el nuestro) en realidad recién han comenzado su tarea y nos han dicho que es un tema que debe ser discutido en una ley especial y no en el Código Penal. Por lo tanto la materia civil no tiene nada que ver con el aborto.

Nosotros nos ocupamos de las consecuencias. Al regular esto el Código contempla dos situaciones: una, las consecuencias de nacer vivo y de manera natural. Ahí se mantiene la regla que existe actualmente: uno es persona desde la concepción y, por lo tanto, nace y tiene derechos. A esto hemos agregado la fertilización in vitro. Esto genera una gran discusión. Hoy, en Argentina, hay muchos centros que hacen fertilización in vitro y niños que nacen en esas condiciones. Frente a este fenómeno hay una posición que dice no estar de acuerdo y desea prohibirla. Nosotros hemos dicho que ya es tarde para prohibirlo en nuestro país; el Estado ha autorizado esos centros y las obras sociales han comenzado a cubrirlos. Hay sentencias que ordenan pagar la fecundación in vitro y, por lo tanto, no podemos prohibir esa práctica que ya está instalada.

Lo que tenemos que hacer es resolver esos problemas que son las preocupaciones concretas de la gente cuando un chico nace por fertilización. Por eso decimos que, si hay fertilización, el embrión implantado (y que se sabe que nace) es materia civil. Aquí entonces tenemos dos situaciones: el chico que nace naturalmente con filiación biológica y el que nace porque se implanta el embrión en la mujer. Como ya le he explicado, aquí ya tenemos consecuencias civiles.

—¿Y en cuanto a los embriones no implantados?

—Bueno, no nacen. Por lo tanto no es un tema del Código Civil. Hemos señalado que debe dictarse una ley especial para su protección. La Iglesia Católica, por ejemplo, sostiene que son personas. Otros sectores sostienen que no son personas. Pero nosotros no hemos abierto opinión sobre eso porque no pertenece al área civil. Tenemos una idea pluralista de la sociedad. Es decir que cada uno tiene derecho a decidir el modo en que vive y, obviamente, se puede tener, o no, una creencia religiosa, y eso es muy respetable. Puede vivir perfectamente de acuerdo a sus convicciones en este código o proyecto. Hay que proteger la libertad de las personas adultas para tomar las decisiones acerca de su propia vida.

—Y en cuanto a la posibilidad de una reforma constitucional, ¿qué piensa, doctor Lorenzetti?

—Por un lado me parece bien que esto se discuta. Creo que el debate siempre es bueno y creo que, en materia de Constitución (lo mismo que con respecto al Código Civil y al Código Penal) siempre se ha discutido. Es un debate sano en las universidades. Ahora, hablar en concreto de una reforma constitucional… la verdad es que no se ha planteado nada y el día que lo planteen, lo hablaremos. Ya he dicho muchas veces que no veo en concreto qué es.

—Bueno, se habla constantemente de re-reelección y una cosa implica la otra.

—Bueno, si se habla de re-reelección habrá que discutir qué piensa la sociedad sobre el tema. Pero, hasta ahora, lo que ha habido en este sentido… Por ejemplo, los intelectuales de Carta Abierta (conozco a varios de ellos y muchos son gente seria) opinan de una determinada manera. En ese sentido, me parece que la Constitución actual ha sido reformada por la misma generación que hoy está todavía. Tenemos constituyentes del ’94 que están en la Corte y en el gobierno y en el Poder legislativo. O sea que no hay un cambio generacional que justifique aquello de “¡ahora hay otras ideas!”. Son, más o menos, las mismas.

—No es el Código Napoleónico.

—Claro. Por otro lado, creo que cuando se dice “lo que hay que hacer aquí es introducir nuevos derechos” nosotros, en nuestra práctica, vemos que hay muchos derechos declarados. Lo que la gente quiere es que sean aplicados. El enfoque debe estar entonces más en la implementación de los derechos. En hacerlos realidad.

—Disculpe mi ignorancia, doctor, pero ¿cuál sería un derecho declarado y no aplicado?

—Cuando nosotros decimos que queremos reformar la Constitución para ampliar los derechos lo cierto es que, muchos más, no hay. Casi todos están en la Constitución. Lo que hace falta es aplicarlos. Por ejemplo, uno puede decir “en la Constitución debería haber un derecho a la vivienda”. Bueno, eso ya está. El problema es ¿cómo hacemos? ¿Le damos vivienda a todo el mundo? Nosotros hemos tenido, aquí en la Corte, casos del derecho a la vivienda. Bueno, nuestra Constitución tiene muchísimos derechos y lo que realmente necesita la gente es gozarlos, tenerlos. Que sean efectivos. Y no seguir agregando más derechos en un papel o en una Constitución.

En cuanto a la organización del poder institucional, éste es también un tema muy discutido. En nuestro país hay muchos que proponen el paso al parlamentarismo. Por ejemplo, mi colega el doctor Zaffaroni. Lo hemos hablado con él muchas veces. Yo creo que, en teoría, también es una cuestión opinable. A discutir. Muchos autores, en el mundo, hablan de la necesidad del parlamentarismo.

—Como en Inglaterra. Con un primer ministro.

—Claro. Lo que pasa es que, en la Argentina, cuando se hizo la reforma de 1994 se intentó introducir algunos aspectos del parlamentarismo para disminuir el sistema presidencialista. Cuando usted hace una Constitución es como si insertara una planta en la tierra. Si esa tierra es propicia, crecerá. Si no, no. Tenemos una larga historia de presidencialismo y todo lo que se dice en la Constitución del 94 para ir al sistema parlamentario no funcionó. Seguimos siendo “tan” presidencialistas como antes.

—Somos “más” presidencialistas que antes, doctor.

—Bueno. Por eso en la práctica política uno no puede legislar en el aire. Una cosa es discutir la teoría pero otra es ir a la práctica. En Argentina hay una práctica presidencialista en todos los partidos y en la sociedad. Es muy difícil entonces decir “ahora cambiamos y vamos al parlamentarismo”. Es una situación que hoy tampoco funcionaría. Y, finalmente, si se va a hablar de la reelección se discute eso pero lo demás… yo no lo veo claro. Por supuesto que siempre hay cosas que se podrían agregar. Por ejemplo, mecanismos más participativos como propone Gargarella. Eso me parece bien.

—¿Por ejemplo?

—Lo que se llama el estatuto del poder, la máquina en la que se toman las decisiones, se ha pensado en el siglo XIX con ideas del siglo XVII. Es decir, estamos hablando de una sociedad lenta. Los tiempos eran distintos. Hoy, la gente decide cosas todos los días. No ocurre como en el pasado en que se estaba conforme votando una vez y, después de seis años, se decía “¡bueno, vamos a votar de nuevo!”. Hoy la gente vota y, al día siguiente, empieza a discutir. Es una democracia que llamamos “intensiva”. Entonces, en el ínterin de ese período durante el cual uno elige a un representante de cualquier nivel que sea, es necesario instrumentar mecanismos de participación en las decisiones que se toman. Cambiar una Constitución es un tema muy importante.

Hoy estamos en la etapa de cambiar los códigos que son la Constitución aplicada. Esto es lo que afecta más directamente la vida de las personas. Tenemos que solucionar los problemas de los argentinos…

—Un problema que se plantea, por ejemplo, cuando hablamos de los jóvenes es una cuestión de principios: los bienes del Estado, los bienes de la comunidad son de la comunidad y del Estado y no son de aquellos que, accidentalmente, conducen un país. En ese sentido hay una gran confusión que es deletérea para los jóvenes. El uso excesivo de los medios de comunicación; de aviones, autos, helicópteros. ¿No cree usted, doctor, que tiene que haber una norma clara sobre lo que significa en conciencia ser apenas un inquilino del poder?

—Esa es una práctica que todos debemos aprender. Cuando somos designados en una función pública siempre tenemos que pensar en servir a los demás. Es una responsabilidad que se nos otorga para servir a los demás. Y ése tiene que ser el enfoque. Yo nunca había estado antes en la vida pública y esto lo he vivido muy fuertemente aquí en la Corte. Uno siente ese shock. Y, particularmente, siempre trato de resguardar los puntos de contacto con la vida cotidiana para no dejar, justamente, de ser un ciudadano común. Si no, es fácil alejarse de la realidad. La función de gobierno a uno lo aísla muchas veces de las preocupaciones de la gente común. Y esto requiere un gran esfuerzo: estar en contacto con la gente, sentir sus problemas. Creo que es un aprendizaje de todos y no de uno solo.

—Yo recuerdo una noche, en el Teatro San Martín, viendo “El enemigo del pueblo”, que usted llegó solo y cuando lo reconocieron no quiso aceptar una buena ubicación y se quedó en el fondo de la sala, a donde había pagado su entrada. Ahí usted dio un ejemplo de ciudadanía. Lorenzetti sonríe levemente y, luego:

—Todos debemos conservar una vida normal porque uno está en una función de responsabilidad pero sigue siendo una persona común. Vive dentro de una sociedad y tiene que seguir en contacto con ella escuchando y aprendiendo a captar lo que la gente está sintiendo en un determinado momento histórico.

Por Magdalena Ruiz Guiñazú

Boudou: desintegración de su poder

Tras el caso Ciccone, el Gobierno comenzó progresivamente a vaciar de poder al vicepresidente. Tanto en el ministerio de Economía, como en el Senado y la Casa de la Moneda, el marplatense perdió la influencia por orden de la propia Cristina Kirchner. Además se le quitó todo el rol político en el PJ de la Capital. La causa judicial que preocupa a la Rosada.

 

Amado Boudou se está quedando sin los espacios de poder que acumuló al llegar a la vicepresidencia. La orden proviene de la propia Cristina Kirchner, que lo sostiene en público pero por debajo le está quitando toda su influencia. Como explicó LPO, luego de estatizar la imprenta Ciccone, la presidenta instruyó al Gabinete y a su equipo político a reconstruir la imagen del vice e intentó tenerlo cerca de ella en cada presentación pública. Pero en lo que concierne al poder real, Boudou fue perdiendo fuerza progresivamente tanto en el poder Ejecutivo como en el Senado. En primer lugar, el ministro Hernán Lorenzino, barrió con toda su gente. A fines de julio desplazó al subsecretario de Administración y Normalización Patrimonial, Manuel Somoza y al subsecretario de Relaciones Institucionales Miguel Cuberos, reemplazados por Leonardo Arbía y Leonardo Fachina, dos hombres de confianza de Lorenzino. La semana pasada, Lorenzino logró deshacerse de otro hombre cercano a Boudou. El secretario Legal y Administrativo, Andrés Iturrieta, presentó su renuncia luego de varios meses de cortocircuitos con el ministro. En el Senado, en tanto, el kirchnerismo lo corrió del eje de las negociaciones que está en manos del jefe de bloque, Miguel Pichetto. En febrero ambos tuvieron un duro cruce cuando el vicepresidente intentó imponer al camporista Sabino Vaca Narvaja como prosecretario administrativo, en lugar del fueguino Mario Daniele. La semana pasada, el cruce se hizo público, en plena sesión. Boudou cortó al jefe de bloque cuando éste gritaba enfurecido contra los senadores de la oposición. El recelo del ex ministro de Economía se explica porque el Gobierno ya no habla de los temas del Senado con él; el interlocutor es el senador rionegrino. La sangría de Boudou se extiende a otras áreas. El vicepresidente también perdió influencia en el Correo, donde había hecho pie a través de un acuerdo con el diputado provincial José Ottavis, de La Cámpora. A partir de la semana pasada, el correo es una de las empresas públicas que mandó a controlar el viceministro de Economía, Axel Kicillof, a través de una especie de Dirección Nacional de Empresas. Kicillof también limó el poder del vicepresidente en la Casa de la Moneda, que preside una mujer que responde a Boudou, Katya Daura. Allí, el funcionario de La Cámpora logró colocar a un economista de su entorno, Esteban Kiper, como vicepresidente del directorio. Ahora, según publicó Clarín, Daura ya le habría comunicado a sus colaboradores que abandonará el organismo en el corto plazo. Boudou también fue arrancado de raíz de la política porteña, a poco más de un año de ser precandidato de jefe de gobierno de la Ciudad. El vicepresidente no tiene espacio en la comisión de acción política que creó el PJ porteño, que incluye figuras como la de Guillermo Moreno, Carlos Tomada y Juan Cabandié.

"Soy un militante y no un autómata”

Julián Domínguez sostuvo que el reemplazante de Scioli debe "vivir y sentir" la provincia y tener “una visión propia” y se mostró así como una opción para 2015. Ratificó su fidelidad a Cristina pero aclaró que tiene “criterios propios”.

 

Julián Domínguez reclamó que el próximo gobernador de la provincia de Buenos Aires debe “vivir y sentir” la provincia, con lo que dejó entrever que podría pelear por llegar a ese lugar, que en 2015 dejará Daniel Scioli. “La provincia tiene que volver a ser gobernada por hombres que sean de la provincia. Que la conozcan, que vivan, que sientan y que tengan una visión propia”, disparó en una entrevista concedida al canal QM de La Plata. Pero cuando le recordaron que el propio kirchnerismo el que impuso a Scioli en la provincia de Buenos Aires, Domínguez se despegó: “Yo tengo criterio propio, no soy un autómata. Reconozco la conducción de la presidenta y soy un ferviente militante, pero soy de esta provincia y tengo criterio propio”, enfatizó. El presidente de la Cámara de Diputados no oculta sus deseos de ser el próximo gobernador bonaerense, cargo que dejará vacante Daniel Scioli. “Los bonaerenses tenemos que recuperar la capacidad de resolver las cosas de una manera provincial”, insistió. Y rechazó la creación de la policía municipal que una vez más impulsa la Legislatura bonaerense. “Cuando yo era diputado el entonces gobernador Felipe Solá abrió la policía comunal y mi distrito (Chacabuco) no se adhirió”, recordó. “El liderzazo institucional de todas las jurisdicciones de la provincia lo tiene el gobierno provincial y lo debe ejercer”, exigió. Domínguez consideró que loa reforma constitucional puede servir para resolver estos temas. “Sacá el tema de la reelección, sacalo de la agenda, tenemos que discutir el rol del estado en recursos naturales. Hemos desguazado el estado en los 90, porque veníamos con el consenso de Washington, hay que reconstruir la legitimidad y las potestades que tiene la nación, las provincias y municipios”. “Está claro que Buenos Aires necesita ser asistida, de hecho la demanda de asistencia es recurrente. Pero hasta que no logre una discusión global sobre la organización del estado, no va a haber solución de fondo”, analizó. “Necesitamos discutir si es la Capital Federal, el centro político y estratégico, si la provincia es viable o no en este contexto”, añadió, sobre los ejes del debate. “El gran potencial de crecimiento y generación de divisas para la Argentina viene del campo, y el crecimiento del campo va hacia el norte, a esto hay que discutirlo”,

¿Cuánta gente salió a la calle?

La de anoche fue la protesta de mayor convocatoria que debió padecer el Gobierno nacional en todo el país lo que va del año y acaso desde las marchas en contra de la resolución 125. La Metropolitana calculó 220 mil personas en el centro porteño. Los números que se estiman en las principales ciudades del interior

 

El nuevo cacerolazo que se realizó anoche en varios puntos del país fue sin dudas el de mayor magnitud que debió soportar el Gobierno nacional en lo que va del año. Las movilizaciones anteriores, ocurridas entre mayo y junio, no tuvieron la concurrencia que tuvo anoche la Plaza de Mayo ni el eco de las cacerolas en el interior del país. Los medios opositores al Gobierno caratularon la protesta de ayer como la más grande que debió sufrir el Gobierno desde los tiempos de la resolución 125, en 2008. Para algunos, incluso, la Plaza de Mayo mostró anoche la mayor manifestación de signo opositor desde el año 2003. Se recorrió la Plaza de Mayo y comprobó que estaba cubierta en no menos del 70 por ciento. También estaban llenas las calles Rivadavia, Hipólito Yrigoyen y Avenida de Mayo. Fuentes oficiales de la Policía Metropolitana señalaron a La Política Online que el cálculo que estimó la fuerza porteña fue de 220 mil personas en el horario de mayor concentración en las inmediaciones del Obelisco, Diagonal Norte y Plaza de Mayo. En tanto que voceros de la Policía Federal señalaron a La Política Online que no tienen datos de la marcha de ayer. Para el diario La Nación, la movilización en Plaza de Mayo no superó las 60 mil personas. En tanto que Clarín y los oficialistas Página 12 y Tiempo Argentino no dan precisiones numéricas y hablan de “miles de personas”. Desde la Metropolitana señalaron a La Política Online que si bien no hay estimaciones para otros puntos de la Capital, las intersecciones que más manifestantes congregaron fueron Santa Fe y Callao (desde donde comenzó la movilización), Acoyte y Rivadavia, Sáenz Peña y San Martín y Cabildo y Juramento.

 

El interior

Si bien los números en el interior del país no alcanzaron la suma de Capital Federal, hubo decenas de ciudades en donde hubo movilizaciones, a diferencia de otras protestas anteriores. Según el diario La Voz, los cálculos de la policía de Córdoba indican que unas 20 mil se manifestaron frente al Patio Olmos, en las intersecciones de Boulevard San Juan y Vélez Sarsfield. También hubo movilizaciones en el interior de la provincia, en ciudades como Carlos Paz, Villa María y Río Cuarto, donde, según La Voz, se autoconvocaron 3 mil personas. Según el diario Los Andes, en Mendoza se movilizaron unas 15 mil personas en el centro. En San Rafael, la marcha convocó a 5 mil manifestantes, según Clarín. En el monumento a la bandera de Rosario se congregaron unas 3 mil personas. En tanto que en San Juan, donde estaba la propia presidenta Cristina Kirchner junto al gobernador José Luis Gioja, se concentraron unas 5 mil personas según La Nación. Incluso hubo movilizaciones en Río Gallegos, la capital de Santa Cruz. También estuvo en La Plata, donde se movilizaron alrededor de 3000 mil personas en Plaza Moreno, delante de la Municipalidad.

 

Empieza a hablarse de una fórmula entre Macri y De la Sota

El rumor creció esta semana y anoche el jefe de Gobierno fue el único mandatario que aceptó la invitación del cordobés para ver el partido Argentina-Paraguay en el estadio Mario Kempes. Scioli no fue pero también buscarían sumarlo a un armado alternativo. El riesgo de la fragmentación.

 

José Manuel De la Sota y Mauricio Macri compartieron anoche una platea del estadio Mario Kempes de Córdoba, donde vieron el partido que la selección argentina de fútbol le ganó a Paraguay por 3 a 1. Aunque ambos mandatarios ya habían compartido un acto semanas atrás, el encuentro se dio en medio de una fuerte ola de rumores sobre un acuerdo electoral, al menos para 2015. La estrategia no sería otra que evitar el fiasco de la oposición del año pasado, cuando compitió en varias expresiones que no hicieron más que potenciar a Cristina Kirchner. Desaprovecharon la oportunidad de definir un candidato en las primarias. Ahora las expresiones de la oposición coinciden en que sería disparatado repetir el error, sobre todo si en el Gobierno insisten con una re reelección de Cristina Kirchner. Es a partir de eso que desde los búnkeres de Macri y De la Sota se rumorea con que no sería mala idea una fórmula para 2015, sin especificar quien sería el 1 y el 2. La imaginación de estos operadores va más lejos: hablan de Daniel Scioli como jefe de Gobierno como una salida alternativa a sus planes presidenciales. “Lo veo difícil. Somos peronistas, hace 40 años que manejamos el PJ de Córdoba y cualquier espacio en el que estemos va a hacer para profundizar nuestro peronismo”, sostuvo ante LPO Carlos Caseiro, titular del Partido Justicialista cordobés. Caseiro aclaró que anoche De la Sota invitó a los gobernadores “de la región centro”, pero que ni Daniel Scioli ni Antonio Bonfatti quisieron una foto con él. “No sé porque no vinieron”, se lamentó. Otro que faltó a la cita fue el intendente de Tigre, Sergio Massa, quien dedicó el día a reunirse con sus colegas de la región. Macri estuvo acompañado por el jefe de Gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y por el dirigente santafesino Miguel Del Sel, y también ocuparon el palco el ex gobernador peronista Juan Schiaretti, el ex titular del BCRA Martín Redrado y el ex funcionario duhaldista Jorge Sarghini. De la Sota y Macri ya se reunieron hace sólo dos semanas en Córdoba para firmar acuerdos en materia cultural y turística que despertó la reprobación del kirchnerismo e hizo oír sus críticas mediante el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, y el titular de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez

Desde 1983 se dictaron sólo 7 condenas por corrupción

Un informe del Cipce sobre los procesos judiciales en casos de corrupción plantea la necesidad de una urgente reforma procesal penal. Según la investigación, en general “el promedio de duración de los casos de corrupción demora unos 14 años” y desde 1983 “no se han dictado más de siete condenas por delitos de corrupción”.

El Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE) presentó un informe sobre los procesos judiciales en casos de corrupción cuyos resultados evidencian la necesidad de una reforma procesal penal El análisis de 21 causas del fuero federal fue realizado junto con la Oficina de Coordinación y Seguimiento en materia de Delitos contra la Administración Pública (OCDAP) y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ). En el informe se destaca que el promedio de duración de estos expedientes es de 11 años. También se destaca como hecho relevante que entre el inicio del caso y el procesamiento de algún imputado transcurre un tiempo promedio de más de cuatro años, mientras que para que el caso esté en condiciones de ser llevado a juicio transcurren un poco más de 10 años. Cecilia Vazquez, coordinadora del Programa de Transparencia del CIPCE, expresó que “las fallas de la justicia federal redundan en privilegios e impunidad que sólo beneficia a los empresarios y políticos involucrados en casos de corrupción”. El informe demuestra que el promedio de duración de los casos de corrupción demora unos 14 años, y que desde el año 1983 no se han dictado más de siete condenas por delitos de corrupción. Pedro Biscay, director ejecutivo del CIPCE, expresó: “El ejecutivo y el legislativo deben tomar nota de estas deficiencias e impulsar la reforma federal, es la única vía para poner coto al goce de fortunas obtenidas ilegalmente por empresarios y políticos corruptos, que desde hace años se benefician de estas condiciones de impunidad”. Sobre el total de 21 causas relevadas, se desprende que el promedio de duración de los expedientes es de 137 meses, es decir, más de 11 años. Aunque un panorama así ya es alarmante, la situación todavía es más grave pues ese promedio está compuesto por 21 expedientes de los cuales sólo 15 llegaron a la etapa de juicio -que es aquella comprendida desde el momento de radicación de la causa en tribunal oral hasta su finalización por cualquier causa-, y de esos 15 la gran mayoría (9) no tuvieron ninguna resolución al momento de finalizar el relevamiento, 3 fueron declaradas prescriptas, 2 por violación al plazo razonable, y en sólo 3 casos en los que se realizó juicio oral o abreviado. Del relevamiento efectuado, se consideró importante determinar el tiempo transcurrido entre la comisión del hecho y su judicialización, lo cual arrojó un promedio de 40 meses, dato por demás relevante si se toma en consideración que en otro tipo de casos, generalmente hay una inmediatez entre el hecho y su denuncia. Más allá de los motivos que en este tipo dedelitos llevan a superar el promedio habitual, debe tomarse en consideración que, en líneas generales, los primeros momentos posteriores a la comisión de un delito son fundamentales a la hora de efectuar la recolección de elementos probatorios. Cuanto más tiempo pasa, másposibilidades existen de modificar el cuadro probatorio o de que elementos relevantes para la acreditación del hecho desaparezcan. Esta investigación "se pensó y realizó a partir delos repetidos sobreseimientos por prescripción de la acción penal, principalmente por violaciónal plazo razonable, que se vienen produciendo en la causas de corrupción que tramitan en el fuero federal de la Capital", aseguran. Algunas conclusiones del estudio (puede leer el informe completo en Archivos): "Una gran parte, sino la mayor, del tiempo que insume la tramitación de una causa penal por hechos de corrupción, se genera a raíz o como consecuencia de la actividad que desarrollan las defensas. No obstante, no podemos desconocer, a estas alturas, que es responsabilidad de los operadores judiciales evitar las dilaciones manifiestamente improcedentes impulsadas por las partes. Es que, con el rol que clásicamente asumen, los magistrados admiten –y a veces alientan– los numerosos planteos de quienes más adelante se agravian por la supuesta violación a la garantía del plazo razonable. Sería necesario e imperioso que los titulares de la jurisdicción logren el equilibrio justo en debido resguardo del derecho de defensa en juicio y la garantía de ser juzgado en un plazo razonable. Los magistrados no pueden olvidar que el derecho a una tutela judicial efectiva, según tiene reconocido la propia CIDH, exige que los jueces dirijan el proceso de modo de evitar que dilaciones y entorpecimientos indebidos, conduzcan a la impunidad, frustrando así la debida protección judicial de los derechos humanos. Existe una distinción muy relevante entre la actividad normal defensiva y el exceso en la utilización de recursos jurisdiccionales defensivos. Sobre ello, se ha dicho que "el abuso de las vías procesales puede consumarse, a veces, a raíz de repeticiones de conductas (vgr.,formulación de recusaciones sistemáticas y maliciosas) que aisladamente no repugnan sino que se ajustan al ordenamiento jurídico". Dicha tipología procesal se configura "merced a la acción coordinada de una pluralidad de conductas (a veces de igual tenor, como sería el caso recordado ut supra, y otras de distinta naturaleza, como cuando concurre una estrategia deldemandado tendiente a dar largas al asunto a través de una permanente y diversificada obstrucción del trámite)". Los abogados defensores en el fuero federal se aprovechan muchas veces de las deficiencias y burocracia del sistema como ha sido ilustrado a lo largo de estas páginas. En este sentido, bien vale recordar también que Maier reconoce un límite a las intervenciones del defensor en beneficio del imputado. Así, indica que "significa también un abuso toda obstaculización del procedimiento que persigue el único fin de demorarlo u obstruirlo, a pesar de hacer valer, aparentemente, facultades procesales, tales como lasrecusaciones sin fundamento, o la interposición de recursos manifiestamente improcedentes…". Los jueces deben utilizar las herramientas que están a su alcance para impedir que esos actos cumplan con el objetivo que se proponen (evitar que avance el proceso). En general, se expresa que el código de procedimientos no es adecuado para juzgar con eficiencia esta clase de delitos, pero las falencias que hemos observado en nuestro examen llevan a concluir que la interpretación que puede darse a las herramientas procesales vigentes es suficientemente amplia como para que los trámites se lleven adelante adecuadamente. Este tipo de hechos encuadran también en el instituto del "abuso del derecho" establecido en el segundo párrafo del artículo 1071 bis del Código Civil, incorporado a la mayoría de los sistemas jurídicos continentales. La norma argentina establece que la "ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos. Se considerará tal al que contraríe los fines que aquélla tuvo en mira al reconocerlos o al que exceda los límites impuestos por la buena fe, la moral y lasbuenas costumbres". El abuso del derecho sería esencialmente una manifestación de mala fe. De acuerdo a la doctrina tradicional comparada, para que se configure tienen que estar presente tres elementos: la intención de dañar, la ausencia de un interés serio y legítimo y, por último, un perjuicio serio y grave causado a otro. En las situaciones mencionadas a lo largo de este trabajo se dan las tres, pues los defensores muestran un interés en demorar procesos judiciales en marcha liderados por los magistrados a cargo, no pueden alegar que persiguen una finalidad legítima al querer extender sine die los trámites y, por último, causan un daño muy concreto a la justicia y a la sociedad en su conjunto pues impiden que en esos trámites se consiga llegar a una solución justa (ya sea una absolución o una condena). De lo contrario, las causas que guardan relación con hechos de corrupción seguirán teniendo un trámite –ya ni siquiera advertido como anormal– absolutamente distinto a las otras. Más allá de lo dicho respecto a la actividad desplegada por las defensas y la necesidad de que jueces y fiscales rechacen firmemente los planteos que se presentan como claramente dilatorios, se torna imperioso que los operadores judiciales refuercen sus estrategias y mecanismos de investigación y articulen de manera eficiente los recursos especializados que ofrecen los diversos ámbitos de la administración para agilizar y mejorar este tipo de investigaciones. Es imperiosa la necesidad de contar con un procedimiento penal de corte acusatorio, con la investigación en manos de los fiscales y la actividad jurisdiccional en manos de los jueces que se encargan de velar por el cumplimiento de las garantías de los imputados. El sistema acusatorio debe ser el principio rector de toda reforma. La división y limitación de funciones entre fiscal y juez permite encontrar soluciones a los problemas detectados en este diagnóstico. En primer lugar, porque la delimitación de funciones, permite por un lado que el juez competente en la causa vele por las garantías del imputado mientras el fiscal dirige la investigación, sin que lo primero interfiera en lo segundo. De esta manera, las defensas podrían hacer sus planteos ante el juez de la causa, que es quien debe velar por los principios y garantías procesales, sin que el fiscal deba paralizar la investigación. En segundo lugar, porque el sistema acusatorio da un protagonismo real a la etapa oral convirtiendo a la instrucción en una investigación preliminar a cargo del fiscal. En otro aspecto, la reforma procedimental debería limitar las impugnaciones de modo taxativo a las sentencias definitivas, el sobreseimiento y procesamiento, la aplicación de medidas cautelares y de coerción y las decisiones que se tomen durante la ejecución de la pena. Asimismo dicha reforma debería velar por la celeridad y oralidad en la tramitación de lasimpugnaciones planteadas.De este modo, se puede conseguir un proceso que respete las garantías constitucionales de los imputados pero que garantice la eficacia de los procesos penales. Esto implica un compromiso tanto de los jueces y de los fiscales, como así también de los abogados defensoresque elaboran estrategias defensistas en base a las debilidades del proceso penal. Mientras la necesaria reforma llega, existen muchas herramientas disponibles en nuestro actual sistema que nos permiten comenzar a mejorar las falencias detectadas".

Cruce de cartas entre Cristina Kirchner y el empresario Paolo Rocca

En una misiva, la Jefa del Estado dejó abierta la posibilidad de diálogo con el CEO de Techint; en tanto, el titular de la compañía aclaró sus declaraciones

 

El titular y CEO de Techint, Paolo Rocca, aclaró en una carta a la presidenta Cristina Fernández sus dichos sobre la situación económica del país y la mandataria le contestó hoy con otra misiva en la que destacó la importancia de mantener abierto el diálogo. Ambas cartas fueron difundidas esta tarde por la Presidencia de la Nación y relatan las aclaraciones del empresario sobre los conceptos vertidos en una conferencia el 3 pasado, ante miembros de la Academia Nacional de la Ingeniería y la respuesta de Cristina Fernández que apunta al "modus operandi" del Grupo Clarín. La polémica se derivó de una nota que se publicó el 5 pasado, en Clarín, en la que se le atribuyeron a Rocca críticas a la política industrial de la Argentina: "A partir de 2008, la competitividad comenzó a caer", dijo. Los supuestos comentarios de Rocca originaron una catarata de críticas de funcionarios del Gobierno. "He leído y escuchado con preocupación los comentarios vertidos por Usted y por sus colaboradores sobre supuestas declaraciones mías relativas a la situación de la industria en nuestro país", inició la misiva que el industrial le envió ayer a la Presidenta Rocca refirió que las notas que usó en el mencionado encuentro en la Academia de Ingeniería reconocían logros de la política industrial. Sin embargo, puntualizó que en el encuentro con sus pares advirtió que "a partir de la crisis mundial del 2008 y a pesar de que la industria argentina ha podido mantener una tasa de crecimiento superior a la de Brasil, sus indicadores de competitividad se han ido deteriorando". "El incremento en los costos laborales, aun ajustado por el incremento en la productividad, ha superado la devaluación y este factor, en conjunto con una elevada presión tributaria, afecta la competitividad de las exportaciones industriales", dijo Rocca en la misiva. "Al final, contestando a preguntas de los presentes, transmití mi preocupación por la falta de coordinación en la gestión entre distintas áreas de gobierno en los últimos meses", puntualizó en la carta. El empresario agregó en otro párrafo de la misiva que "una periodista, que no logró acceder a la reunión, buscó información sobre el contenido de la discusión de uno de los participantes, y lo elaboró a su manera, sin ningún contacto conmigo o con alguien de nuestra organización". Luego, le aclaró a la Presidenta que "podemos tener diferencias de opiniones, pero no hacemos operaciones políticas y creemos en el diálogo abierto y transparente", dijo Rocca en la carta y se mostró "confiado" en que la misiva haya contribuido a aclarar su "punto de vista"

La respuesta de Cristina La Presidenta, que le avisó que iba a hacer públicas las cartas de Rocca y la suya, contestó al empresario, al que le señaló que comparte algunas de las evaluaciones, pero que disiente sobre otras. La misiva presidencial se enfocó en lo dicho por Rocca acerca de la elaboración de la nota publicada por Clarín y apuntó al "'modus operandi' de cierto monopolio -éste sí de carácter ilegal- que aún subsiste en nuestra querida Patria", finalizó.

En Twitter Durante la tarde, Cristina Kirchner le contestó vía Twitter al empresario. "El otro día leí una nota de Paolo Rocca presidente de Techint. Sostiene que desde el 2008 hay mala gestión y que Argentina es no competitiva. Cuando Paolo Rocca presidente de Techint, habla de competitividad, habla exactamente del costo de un obrero industrial", escribió la mandataria. "«El costo de un obrero industrial en la Argentina es de 24 USD por hora contra 12 USD en México y 9 en Brasil» dice- http://cor.to/rocca. Agrega Paolo Rocca, importante industrial, «En el 2018 Argentina va a ser un país muy distinto del que es hoy, somos optimistas»", agregó. "Bueno, fácil, me parece que el obstáculo para que haya mayor competitividad con respecto al costo laboral, soy yo, me parece. Pero la verdad, si el país está tan mal, que pasará en el 2016 y en el 2017 ¿Qué tienen pensado que se van a tornar competitivos?", deslizó. "¿Querrán salarios de los trabajadores a un tercio o a la mitad de lo que tienen hoy los trabajadores?", se preguntó la Presidenta. "Yo sé cuáles son los problemas q tienen y q tuvieron con él y conmigo. Son los problemas de haber instalado una Argentina más equitativa", sostuvo. La jefa de Estado dijo que en la Argentina hay que "trabajar todavía muchísimo" y que hay que "remar" porque hay una "crisis global muy grande". "Pero les aseguro que a la Argentina la vamos a conducir para q todos sigan teniendo las oportunidades que comenzaron a tener desde el 2003", concluyó

"Aprendí a no temerle a Dios ni a ningún funcionario"

El gobernador cordobés también indicó que "negar la inflación o decir que la inseguridad es una sensación, es burlarse de los argentinos"

 

El gobernador José Manuel de la Sota visitó hoy Río Cuarto, donde dijo que aprendió "a no tenerle miedo a Dios ni a ningún funcionario, por más poderoso que sea", en clara alusión a los dichos de la presidenta Cristina Kirchner . "A Dios no se le teme porque es puro amor, y yo aprendí a no temerle a Dios ni a ningún funcionario", dijo de la Sota durante un discurso en la 78 exposición Rural, según publicó Cadena 3, en referencia a los dichos de la Presidenta, el jueves, acerca de que "solo hay que tenerle miedo a Dios" y un "poquito" también a ella. De la Sota, que estuvo acompañado por el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Hugo Biolcati, también indicó que "negar la inflación o decir que la inseguridad es una sensación, es burlarse de los argentinos". Durante su intervención, el gobernador se quejó del modelo aplicado por la Nación y se preguntó "por qué la dirigencia Argentina no tiene un baño de humildad y madurez, y en vez de castigarnos con impuestazos no nos llaman para potenciar las ventajas comparativas que tenemos con respecto a otras naciones?", según publicaron medios locales. Sobre el caso, el gobernador dijo que en el contexto actual, las economías de los países emergentes deberían fortalecerse, estimulando la producción y no aplicar trabas a los sectores propulsores del crecimiento. "Me propusieron ponerle al campo un impuestazo del 500 por ciento y no lo hemos hecho para que la AFIP no meta la mano en el campo, que ya demasiado paga en retenciones, ya demasiado pesada es la carga", reveló. De la Sota también se refirió al aumento de precios en el país y compró la gestión de la actual mandataria con la de su fallecido esposo, el ex presidente Néstor Kirchner. "Kirchner tomó buenas medidas para salir de la parálisis de la economía, pero no es suficiente para justificar lo que está ocurriendo en el país. Negar la inflación o decir que la inseguridad es una sensación, es burlarse de lo que siente el pueblo Argentino"

Nota: La Nacion