La Cámara Federal dictó ayer un durísimo fallo contra el juez Norberto Oyarbide: le reprochó su "errado direccionamiento" en la causa que investiga el desvío de fondos públicos administrados por la Fundación Madres de Plaza de Mayo, y lo exhortó a que circunscribiera de una vez, "en el menor tiempo posible", qué es lo que investiga y quiénes son los acusados, según publicó el diario La Nación. Fue la primera intervención de la Cámara en este expediente, que lleva casi seis meses, más de 20.000 hojas y pilas de cajas de documentación secuestrada. En todo este tiempo, la investigación estuvo bajo secreto de sumario, y eso también fue criticado por los camaristas. Justo ayer, mientras ellos revisaban en el segundo piso de los tribunales de Comodoro Py los detalles finales de su fallo, un piso más arriba, en su despacho, Oyarbide levantaba el secreto (en rigor, decidía no volver a prorrogarlo).
Fuentes de la causa dieron a conocer a La Nacion, sólo entonces, los avances de la investigación: informaron que descubrieron un faltante de entre 15 y 20 millones de pesos que debían destinarse a la construcción de viviendas sociales en Los Piletones, en el barrio porteño de Villa Lugano, y que hay elementos para creer que quienes defraudaron al Estado se valieron de personas de bajos ingresos para sus maniobras de lavado de dinero. También revelaron que no se sabe dónde están los libros contables de la Fundación, porque no los encontraron en los allanamientos.
Según los camaristas Eduardo Freiler, Eduardo Farah y Jorge Ballestero, Oyarbide "excedió holgadamente" los términos legales en materia de secreto, y eso afectó el derecho de defensa de los imputados (una larga nómina que incluye a Sergio Schoklender , su hermano Pablo y decenas de personas más), que no saben con precisión de qué se los acusa, pero, en muchos casos, no pueden salir del país ni disponer de sus bienes por orden del juez. En su crítica contra Oyarbide, el más terminante fue Freiler. Sostuvo que su trabajo en esta investigación "se destaca por la ausencia de racionalidad en la búsqueda de información", "se traduce en una quimera" para quien se sumerge en el expediente, "amenaza con ser sólo escenográfico" y "conspira contra el éxito de la pesquisa". Es que, según el camarista, "el propio magistrado se ha encargado de construir un pajar" con información desordenada donde es muy difícil localizar las pruebas de los presuntos delitos.
"Ello coincide con una máxima de poca ética de algunos abogados penalistas -afirmó Freiler- que habla de la conveniencia de sumar cuerpos y cuerpos a un expediente para construir ese pajar y con él, la duda de la que se sirven."
Farah y Ballestero fueron menos severos que Freiler, pero compartieron sus críticas sobre la marcha de la causa. "Coincidimos con nuestro colega preopinante en cuanto a que el modo en el que el juez de la anterior instancia está conduciendo la investigación a su cargo y el errado direccionamiento que se ha dado a la misma no resultan los más idóneos para el descubrimiento de la verdad material", afirmaron.
También consideraron "imperioso instruir al juez" para que, cuanto antes, "circunscriba adecuadamente el objeto procesal" y "formule las imputaciones que correspondan"; el decir, le diga a cada acusado de qué se lo acusa. En este caso, nadie fue citado aún a declarar en indagatoria. No hay procesados ni detenidos. Pero Oyarbide sí dictó -advirtieron los camaristas- "múltiples medidas restrictivas de derechos de raigambre constitucional", como embargos, prohibiciones de salida del país e inhibiciones de bienes.
El fallo de ayer cuestionó una de esas medidas. Ordenó que Oyarbide fundara debidamente su decisión de mantener inmovilizadas una serie de cuentas bancarias pertenecientes a imputados en la causa. Así lo dispusieron Farah y Ballestero. Freiler proponía, directamente, anular la medida, que juzgó "infundada" y "arbitraria", además de parte de un "desborde intolerable", dado que afectó a imputados nunca citados a indagatoria. Freiler afirmó que "la extensa tarea investigativa" de Oyarbide es algo que "amenaza con ser tan sólo escenográfico", dados la "solicitud indiscriminada de informes" a organismos públicos, "la gran cantidad de allanamientos" con una "enorme cobertura de los medios de comunicación" y el secuestro de numerosísima documentación, que se incorporó de forma "desordenada" al expediente, "sin una clave de interpretación".
Pese a la dureza del fallo, ninguno de los camaristas, ni siquiera Freiler, mencionó la posibilidad de quitarle a Oyarbide la causa. Las críticas del tribunal no son algo nuevo para este magistrado. Ya ha recibido, en otras oportunidades, cuestionamientos similares. Esta vez fue la Sala I, pero la otra sala que integra la Cámara (la II) le llamó la atención nueve veces en otro expediente gigantesco: el que investiga la mafia de los medicamentos. Desorden en las actuaciones, avances sobre los derechos de los acusados y pérdida de equidistancia fueron algunos de sus reproches. No obstante, la Cámara no parece tan disconforme con el juez. Es por disposición de este tribunal que Oyarbide tiene dos juzgados. Además del suyo, subroga desde hace años el que quedó vacante cuando renunció Guillermo Montenegro, hoy ministro de Mauricio Macri.
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