Bronca de los gobernadores con Capitanich porque quiso pegarle a Scioli en el homenaje a Gioja

El gobernador de Chaco quiere erigirse como el candidato a presidente de los gobernadores e intentó aprovechar la visita de un grupo de mandatarios provinciales a San Juan para hacer una declaración contra la campaña bonaerense que encabezó el ex motonauta. Pero le dijeron que no era el momento.

Jorge Capitanich quiso aprovechar la reunión que concertaron siete gobernadores en San Juan en apoyo a José Luis Gioja, internado por el accidente de helicóptero, para pegarle a Daniel Scioli, pero el tiro le salió por la culata otra vez. Capitanich dice por todos lados que es candidato a presidente y se ufana de haber ganado el domingo con el 54 por ciento de los votos. Con estos pergaminos quiere desplazar a su par entrerriano, Sergio Urribarri, del lugar de privilegio que le otorgó Carlos Zannini como el sucesor natural de Cristina Kirchner. Por esa razón, el chaqueño le hace los mandados al secretario Legal y Técnico, como ocurrió en la última reunión del Consejo del PJ en la Ciudad, en donde quiso imponer un documento redactado por el “Chino” y debió escribirlo luego de que Scioli y el resto de las autoridades del PJ se lo rechazaran. Capitanich quiere desplazar a Scioli como el candidato de los gobernadores kirchneristas y hoy intentó emular a Urribarri, que en marzo había pedido echar al ex motonauta de la reunión de gobernadores que se realizó en Entre Ríos. Pero ahora el escenario cambió luego de que Scioli se pusiera la campaña bonaerense al hombro y los gobernadores le dijeron que no harían ninguna declaración política y que se limitarían a pedir la pronta recuperación Gioja y a Cristina Kirchner, dos temas sensibles que están por encima de la sucesión presidencial. En la casa de gobierno de San Juan estaban el formoseño Gildo Insfrán, la catamarqueña Lucía Corpacci, el riojano Luis Beder Herrera, el salteño Juan Manuel Urtubey y el mendocino Francisco “Paco” Pérez.

Contactos entre Romero y Massa

Con la reelección asegurada y el objetivo de pelear la gobernación, el senador salteño Juan Carlos Romero inició conversaciones con el intendente de Tigre. "Hablamos sobre cómo será la coordinación legislativa", indicó.

Sergio Massa inició contactos con el senador salteño Juan Carlos Romero, un histórico del PJ que tras renovar su banca apuesta con todo a la gobernación. “Fue una charla muy positiva. Con Sergio hablamos sobre cómo será la coordinación legislativa ”, le dijo Romero a Clarín. “A través nuestro podrá construir una agenda legislativa ”, agregó Romero, que será parte de la estrategia del Frente Renovador de sumar apoyos en el Senado, algo que ya había comenzado con Carlos Reuteman, Carlos Verna y Graciela Di Perna. “Creo en la necesidad de trazar políticas de Estado y de impulsar un proyecto de país más federal e inclusivo”, señaló el salteño, al explicar su acercamiento con Massa. No obstante, agrega Clarín, acaso por su cercanía política con Mauricio Macri y por considerar que “todavía falta mucho para 2015”, Romero no dará un salto completo hacia Tigre. Y también se mostrará abierto a trabajar con el PRO. “No vamos a optar por uno u otro. Todos los que no somos kirchneristas debemos dialogar ”, sostuvo. De este modo, evitará que choquen su intención de recuperar la gobernación, con los proyectos que tracen Massa y Macri a nivel nacional. Podrá mostrarse, para ambos, como la pata en Salta.

La Corte Suprema falló a favor de la constitucionalidad de la Ley de Medios

El máximo tribunal se pronunció a favor de la constitucionalidad de la controvertida norma. Cuatro de los siete jueces avalaron el artículo 161, el más controvertido, y seis se inclinaron por la constitucionalidad de los otros tres que estaban en discusión. Carlos Fayt votó en contra de los cuatro artículos. Después de cuatro años de aprobada, la Corte Suprema de Justicia falló a favor de la constitucionalidad de Ley de Medios, según confirmó este mediodía el Centro de Información Judicial, que publicó el fallo de 392 páginas. Según el portal, el máximo tribunal "también señaló que deben protegerse los derechos de propiedad de los licenciatarios mediante una indemnización". Además, en una consideración más política, "los jueces afirmaron que deben existir políticas transparentes en los subsidios y la publicidad oficial". Sumado a eso, indicaron "que los medios públicos no deben ser meros instrumentos de apoyo a una política de gobierno, o una vía para eliminar voces disidentes" y que "el AFSCA debe ser independiente y la ley debe ser aplicada respetando la igualdad y el debido proceso". Ninguno de los cuatro artículos que estaban en discusión fue declarado constitucional de manera unánime ya que el juez Carlos Fayt los consideró inconstitucionales a todos. El artículo 161, el más controvertido, fue avalado por Eugenio Zaffaroni, Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Enrique Petracchi y tuvo el voto en disidencia de Carmen Argibay y Carlos Maqueda. Los otros tres artículos fueron avalados por 6 a 1. Los cuatro artículos que estaban en discusión eran el 41, que establece que las licencias son intransferibles; el 45, que fija un límite a la cantidad de licencias concentradas; el 48, que descarta la figura de un "derecho adquirido" por parte de las empresas que tienen más licencias de las permitidas; y el 161, que da un año de plazo de desinversión. 

 Los argumentos 

 Sobre la aplicación general de la ley, los seis jueces mencionados sostuvieron que “la Ley 26522, en cuanto regula la multiplicidad de licencias de modo general, es constitucional, porque es una facultad del Congreso”. Además, agregan que “el interés del Estado en la regulación es incuestionable”. “En este contexto constitucional, es legítima una ley que fije límites generales a priori, porque de esa manera se favorece la libertad de expresión al impedir la concentración en el mercado”, agregaron de acuerdo al resumen publicado en el CIJ. En ese contexto los jueces consideraron constitucional el artículo 41 “en cuanto sujeta la transferencia de licencias a la autorización estatal y establece limitaciones a la enajenación”. Lo mismo hicieron respecto a los apartados cuestionados del 45, que fija los límites de la cantidad de licencias. Fayt, en cambio, consideró que “hay un derecho individual a la licencia que tiene la protección similar a la de un derecho de dominio y que involucra el derecho a la libertad de expresión. Que una restricción que afecte económicamente a la empresa periodística, es una afectación a la libertad de expresión”. “Como la licencia se equipara al derecho de dominio, no puede restringirse su disposición, y por ello es inconstitucional el artículo 41 de la ley. Hay otros modos menos restrictivos de controlar los fraudes”, agrega. Y respecto al 45 sostiene que “las limitaciones no son proporcionadas ni idóneas para alcanzar los principios de diversidad perseguidos”. Respecto al artículo 161, la mayoría de cuatro jueces (Lorenzetti, Highton, Petracchi, Zaffaroni) concluyeron que “no se ha probado que exista una afectación actual de la libertad de expresión”. “La ley 26.522 emanada del Congreso no establece reglas dirigidas a afectar a un sujeto y no a otros. La ley establece límites iguales para todos los titulares de licencias. De modo que no corresponde aquí partir de una sospecha de ilegitimidad de la norma con desplazamiento de la carga de la prueba, sino que debe ser el grupo actor quien debe acreditar que la ley afecta sus derechos constitucionales”, sostienen. “En el caso no se encuentra afectado el derecho a la libertad de expresión del Grupo Clarín, en tanto no ha sido acreditado que el régimen de licencias que establece la ley ponga en riesgo su sustentabilidad económica. La ‘sustentabilidad’ no puede ser equiparada a ‘rentabilidad’, y en este sentido, hace a la naturaleza propia de un proceso de desconcentración la posibilidad de una reducción consiguiente de los márgenes de ganancia empresaria”, agregan los jueces. “No resulta admisible que sólo una economía de escala, como la que posee (Clarín) actualmente, le garantiza la independencia suficiente como para constituir una voz crítica. Hay numerosos medios pequeños o medianos que ejercen una función crítica y, a la inversa, hay grandes concentraciones mediáticas que son condescendientes con los gobiernos de turno”, cuestionaron. Los magistrados agregan que “el modo de proteger estas licencias es la indemnización pecuniaria”, aunque aclaran que eso “no quiere decir que, si en la etapa de la aplicación se afectara la libertad de expresión hubiera una distribución discriminatoria de la publicidad o de los subsidios oficiales, la actora no pueda ejercer sus derechos”. “El artículo 48 de la ley es constitucional, lo que debe ser interpretado en el sentido de que nadie tiene derecho al mantenimiento de la ley general, siempre que se indemnicen los perjuicios que sufra la licencia individual”, dice el fallo. “El artículo 161, cuyo plazo de encuentra vencido, es constitucional”, agrega. Fayt opinó que “son inconstitucionales los artículos 41, 45, 48 y 161, y por ello no se aplica ninguna limitación y no hay obligación de desinvertir”. Además, argumenta que el Grupo Clarín no tiene “necesidad de ajustarse en ningún momento”. En cambio, Argibay consideró que “las limitaciones de la ley son constitucionales (art 45), pero la forma de implementarlo no lo es y por eso son inconstitucionales los artículos 48 y 161. El cese simultáneo de todas las licencias, sin flexibilidad alguna, afecta la libertad de expresión”. La jueza recomienda que las autoridades “pueden establecer un mecanismo de implementación de la LSCA, en especial de su artículo 45, que sustituya al artículo 161 de modo que no se vean alterados los derechos derivados de las licencias de comunicación audiovisual en curso, a cuyo amparo son desarrolladas actividades protegidas por el derecho a expresarse libremente y recibir información”. Maqueda, por su parte, indicó que “las disposiciones de la ley que obligan a la actora a desprenderse de las licencias que le fueran otorgadas y prorrogadas por el Estado Nacional en el periodo 1996-2007 violan los derechos constitucionales de propiedad y de libertad de expresión”. “Ni el legislador ni el juez podrían, en virtud de una ley nueva o de su interpretación, arrebatar o alterar un derecho patrimonial adquirido al amparo de la legislación anterior”, sostiene. “Un conflicto como el aquí planteado, no puede resolverse mediante el mero pago de una indemnización, porque ninguna reparación monetaria podría remediar eficaz e integralmente la lesión a este derecho. En una sociedad democrática, el valor de una información no expresada no puede ser mensurado en términos económicos”, concluye.

Scioli y Massa

El mandatario bonaerense quiere que el intendente de Tigre declare su ruptura con los K. Ambos tienen aspiraciones con miras a 2015 

 La foto que se sacaron ayer Daniel Scioli y Sergio Massa esconde la desconfianza que ambos se tienen a pocos meses de las definiciones de candidatos de las elecciones legislativas. El gobernador bonaerense teme que el intendente de Tigre pueda convertirse en un aliado circunstancial de la Casa Rosada y que, incluso, sea candidato a diputado nacional del oficialismo. Scioli pretende ser irreemplazable para el oficialismo y otro dirigente con la misma alta imagen positiva puede arruinar sus planes. En los últimos días, el gobernador comenzó a motivar a Massa para que dé señales de ruptura con el kirchnerismo. Scioli cree que, en un escenario con el intendente de Tigre lanzado en contra del oficialismo, los K no podrán deshacerse de él. Confía en que su caudal de votos obligue al Gobierno a mantenerlo en sus filas. Por su parte, Massa percibe que Scioli utiliza su imagen para reconquistar al kirchnerismo y amenazar con una alianza electoral que complique al Gobierno nacional. El gobernador está en plena negociación por el envío de fondos y ayer, en medio de la discusión salarial, volvió a mostrarse junto a él. Scioli necesita esa imagen. Massa, en cambio, pensó en esquivarla. Hoy, una foto junto al gobernador significa hacerse cargo del conflicto salarial, del disgusto de sus vecinos por el aumento de impuestos, de la inseguridad en otros distritos del Conurbano y de enojos kirchneristas que viene evitando. “No es tiempo de especular sobre un acuerdo”, dijo ayer Massa antes de fotografiarse con Scioli, para despegarse de un posible acuerdo político. Al intendente de Tigre no le gusta que le manejen los tiempos, creyendo en las encuestas, espera a último momento para anunciar su futuro político. La relación de amistad que ambos confesaron tener se ve cada vez más amenazada por el mismo sueño: llegar a la presidencia en 2015

Para la CGT oficialista, el acuerdo de precios muestra que “la inflación se escapa”

El secretario general de Luz y Fuerza y miembro de la CGT oficialista, Oscar Lescano, afirmó hoy que el acuerdo de congelamiento de precios del gobierno y los supermercadistas era "un blanqueo de que algo hay que hacer" porque "las variantes económicas se van escapando y la inflación se va ampliando".

 "Esto que está haciendo el Gobierno a través de (el secretario de Comercio, Guillermo) Moreno es un blanqueo muy claro de que la inflación se escapa", manifestó el dirigente sindical. Lescano sostuvo que "es bueno que esté haciendo esto", aunque estimó que "el resultado no va a ser importante, teniendo en cuenta en cuenta que es por 60 días". El dirigente de la CGT oficialista admitió que "todo el mundo se pregunta ¿el día 61 queda libre para que todo aumente lo que ellos quieran?" y en cambio pidió que se den "más garantías de que los precios no se van a desbandar". "No está mal que haga esto", estimó el sindicalista, pero "lo lógico es que no alcanza", al tiempo que admitió que "ya hemos probado esto alguna vez y ha fracasado. No fue bueno". Lescano consideró que es "una locura" que el acuerdo no haya contenido una lista de precios para que los consumidores puedan controlar el cumplimiento. En diálogo con radio Mitre, afirmó que en su sindicato, "tenemos compañeros que van sábado a sábado a los supermercado y llenan planillas con los precios", por lo que conocen al detalle las variables. Lescano sostuvo que para conseguir resultados se debería congelar "por un año los precios de los artículos de primera necesidad que hacen a la canasta familiar".

Importante Juicio contra Monsanto

David VS. Goliat: el campesino Bowman Hugh contra el gigante de la industria agrícola y el mayor productor de productos genéticamente modificados, la compañía Monsanto.

 Monsanto Co. ha encontrado un terreno fértil en las cosechas transgénicas y en el auge agrícola global, pero la mayor compañía de semillas del mundo también ha engendrado su dosis de controversia. Sus detractores la acusan de defender alimentos riesgosos y consideran que simboliza un sistema alimenticio dominado por unos cuantos gigantes a costa de la pequeña agricultura. Sus antecedentes como productor de químicos le han valido un estigma del que le cuesta desprenderse. La compañía, dirigida por Hugh Grant, sin embargo, ha revisado su plan de precios para apaciguar a los pequeños agricultores y se mantiene firme en la defensa de los transgénicos. De un lado, un granjero de 75 años que defiende su derecho a la venta de las semillas de las plantas cultivadas por Monstanto. Del otro, la corporación transnacional Monsanto, con miles de millones en activos, que protege ferozmente su propiedad intelectual. Y decenas de abogados que cobran honorarios millonarios. El caso tiene su origen en las reglas que rigen la venta de los productos agrícolas del gigante empresarial. Al comprar las semillas de la compañía Monsanto, los campesinos tienen derecho sólo cosechar con ellas, sin poder volver a sembrar en un futuro lo que cosecharon. Esto significa que los agricultores no pueden utilizar el grano producido por ellos mismos para el cultivo, sino que se ven obligados a comprarle las semillas a la compañía año tras año. La empresa sostiene que los cultivos modificados fueron creados en sus laboratorios tras una larga y costosa investigación, por lo cual son de su propiedad intelectual. En esta audiencia Hugh Bowman no solo se representa a sí mismo, sino también a cientos de agricultores que se enfrentaron a una situación similar. Para saltarse las condiciones impuestas por la industria agrícola, los campesinos compraban las semillas en los graneros locales. Allí la mayor parte de las semillas fueron obtenidas de vegetales cultivados por Monsanto. Así, casi el 94% de las legumbres de Indiana contienen genes modificados en los laboratorios de la corporación. A pesar de que no existían restricciones sobre el uso de tales semillas, Monsanto comenzó a luchar contra aquellos a los que considera “ladrones” y demandó a varios granjeros, entre ellos a Hugh Bowman quien, según los empleados de la compañía, vendía las semillas a los graneros locales. Un tribunal obligó al hombre a pagar una multa corporativa de 85.000 dólares. Sin embargo, el campesino no aceptó el veredicto y presentó una apelación. Las partes se negaron a alcanzar un acuerdo y ahora el caso será revisado por la Corte Suprema de USA. Monsanto Monsanto Co. ha encontrado un terreno fértil en las cosechas transgénicas y en el auge agrícola global, pero la mayor compañía de semillas del mundo también ha engendrado su dosis de controversia. Sus detractores la acusan de defender alimentos riesgosos y consideran que simboliza un sistema alimenticio dominado por unos cuantos gigantes a costa de la pequeña agricultura. Sus antecedentes como productor de químicos le han valido un estigma del que le cuesta desprenderse. La compañía, dirigida por Hugh Grant, sin embargo, ha revisado su plan de precios para apaciguar a los pequeños agricultores y se mantiene firme en la defensa de los transgénicos. Asimismo, la ventaja de Monsanto sobre sus rivales está creciendo. Después de que su ganancia se precipitara 47% en 2010, acumula un alza de 87% en los dos últimos años. Grant, un escocés de 54 años, dialogó hace poco con The Wall Street Journal. He aquí unos extractos: -En el centro del debate está la seguridad. ¿Cómo sabemos que los transgénicos son seguros? -Se trata del producto alimenticio que se ha sometido a más pruebas en el mundo. Europa estableció su propia Agencia de Seguridad Alimentaria, que ha invertido más de US$400 millones y ha concluido que estas tecnologías son seguras. (Hace poco) Francia determinó que no hay riesgos en una variedad de maíz que presentamos allí. Siempre hay una gran cantidad de ruido político, pero si uno se limita a la ciencia, se da cuenta de que es muy sólida en el caso de estas tecnologías. -Hace tres años la compañía protagonizó una seguidilla de malas noticias, incluyendo un pobre desempeño, preocupaciones sobre la salud de su negocio de semillas y una revuelta de los agricultores sobre la fijación de precios. ¿Cómo revirtió esa situación? -Volvimos a lo más básico y nos reconectamos con nuestros consumidores. Nos centramos en la consistencia. Nos volvimos predecibles sobre nuestros precios; consistentes en nuestro mensaje, y hemos estado haciendo un seguimiento a lo largo de un período de tres años. Nunca se acaba. Hemos enderezado el rumbo. -Dos de sus altos ejecutivos tienen experiencia en el negocio de los vegetales. ¿Es una coincidencia? ¿Cómo cree que crecerá la industria? -La fruta fresca y las hortalizas de alta calidad se están volviendo cada vez más importantes. Así que vemos una oportunidad ahí, pero esa oportunidad en las verduras se verá impulsada por dónde nosotros invirtamos nuestro dinero. Estamos apostando por la nutrición y el sabor. Muchos vegetales lucen muy bien, pero no tienen sabor. Creemos que el consumidor estará dispuesto a pagar más por un mayor valor nutritivo y un mejor sabor. -Los detractores de los transgénicos atacan con fuerza a la industria. ¿Se convierte esa crítica en un problema para los inversionistas o amenaza con desalentar a los empleados? -Creo que parte de esa crítica se debe a que somos los primeros en muchos espacios. Prefiero estar ahí que al final de la cola. -¿Hasta qué punto le preocupa el cambio climático y sus efectos sobre la agricultura y, más concretamente, Monsanto? -Evaluamos eso hace unos tres o cuatro años. Reunimos a nuestros científicos más brillantes y les preguntamos si el cambio climático era una realidad o una ficción. Y a continuación, cuál sería el efecto sobre la agricultura en general y nuestro negocio en particular.

La tragedia del 22/02/2012,

Leandro Andrada fue el conductor inicial del convoy de TBA que protagonizó la tragedia del 22/02/2012, y ahora era un testigo relevante en el juicio a los sospechosos de responsabilidad en el hecho. Fue encontrado con 4 balazos en su espalda.

Leandro Andrada fue el conductor del convoy de TBA que el 22F comenzó tripulando la unidad que, más tarde, entregó a Marcos Córdoba, quiene estaba a cargo cuando ocurrió la tragedia. Por eso él era un testigo relevante en la causa judicial que debe establecer responsabilidades y condenas, en caso de comprobarse irregularidades. Aquella mañana, Andrada llevó la formación desde Luján hasta la estación Castelar, donde la transfirió a Córdoba, quien sufrió el accidente cuando debía frenar en Once. Andrada fue encontrado muerto, con 4 balazos en su espalda, junto a la parada de ómnibus que él esperaba, y solo le robaron un teléfono celular. De inmediato la abogada de Córdoba, Valeria Corbacho, dijo que estudiaba pedir custodia para su defendido, y abundó el temor entre los delegados ferroviarios con participación en la instancia judicial. En su declaración ante el tribunal, Andrada dijo que la formación salió sobrecargada de la estación Moreno y por eso había que frenar con antelación, ya que los frenos tenían alguna demora en la respuesta. Su cuerpo fue encontrado por un llamado telefónico anónimo a la Comisaría 1ra. de Ituzaingo, dando cuenta del hallazgo de un cadáver, en la intersección de las calles José María Paz y Malabia. Precisamente una fuente policial le dijo a la agencia Noticias Argentinas que hay indicios de que ocurrió un forcejeo y que por eso podría tratarse de un robo y no de una ejecución. Desde La Fraternidad aceptan que la principal hipótesis es la de un asalto. “Ni Andrada ni ningún otro testigo de la causa de Once manifestó que recibió algún tipo de amenazas”, subrayó Horacio Caminos, vocero de la entidad. Pero aclaró que “no se descarta nada”. La abogada Corbacho anticipó que “eso se va a evaluar una vez que se agote la investigación”. Y destacó que “Andrada ya declaró”. Desde la Unión Ferroviaria se escuchó: “En principio aparentaba un robo, pero después parece que seguía con el dinero encima y que sólo le robaron el celular”, sostuvo el delegado Edgardo Reinoso.