Luego del bloqueo anunciado por la Justicia de Estados Unidos, el gobierno argentino confirmó que no efectuará el canje de bonos Brady en default. El secretario de Finanzas, Hernán Lorenzino, en una reunión con los periodistas acreditados en el ministerio de Economía, dijo que “el Gobierno decidió retirar una oferta de canje de bonos Brady en default por hasta 263 millones de dólares y 54 millones de euros, una decisión que llega tras un fallo de una corte de apelaciones de Estados Unidos que en la práctica bloqueó la operación”.
“En definitiva, con esta decisión se privilegia a los fondos buitre frente a los bonistas que querían canjear sus bonos Brady y ahora se trata un conflicto entre acreedores entre los canjes que propuso la República Argentina al 92 % de los bonistas y acreedores que están buscando un trato diferencial como los fondos buitre”. Hay que destacar que este canje era parte de una operación más amplia para reestructurar un remanente del total de deuda defaulteada con la crisis de 2001/2002. Pero el dictamen, realizado por el Segundo Circuito de la Corte de Apelaciones de Nueva York, de mantener la orden de embargo sobre las garantías de los bonos Brady obliga a la Argentina a desistir del mismo. Por lo tanto no se puede por ahora cerrar definitivamente el canje de la deuda.
Como la sentencia implica que la garantía puede ser confiscada por el fondo Capital Ventures International, que busca recuperar el valor total de los bonos argentinos en default, el Gobierno desiste de la operación. “El no levantamiento del embargo nos obligó a desistir de la operación de canje de bonos Brady” dijo Lorenzino.
El 7 de diciembre pasado, el Gobierno abrió la reestructuración de los bonos Brady residuales. Esos papeles representan una mínima parte de la deuda total que fue declarada en default en el año 2002: al 30 de junio pasado se acumulaban unos 380 millones de dólares impagos. El Ministerio de Economía no los incluyó en la reapertura del canje de este año debido a que sus garantías –denominadas activos subyacentes– estaban alcanzadas por medidas cautelares, muchas de ellas del juez neoyorquino Thomas Griesa. Pero a principios de noviembre el magistrado levantó el embargo sobre esos activos permitiendo que se lance la operación. En ese entonces, el ministro Amado Boudou manifestó que “Griesa esta vez no jugó a favor de los fondos buitre y por eso tenemos la posibilidad de abrir el canje de los Brady y estimamos alcanzar una adhesión del 60 por ciento”. Estos bonos fueron creados en la década del ’80 por el entonces secretario del Tesoro de Estados Unidos Nicholas Brady, para solucionar los problemas de la deuda de varios países latinoamericanos y, sobre todo, permitir que los acreedores recuperaran aunque fuera una parte de esos pasivos. La iniciativa reconocía un recorte de las acreencias, pero con la obligación de que los deudores realizaran fuertes ajustes fiscales. Los bonos Brady emitidos en 1989 incluían dos tipos básicos: Bonos Par, que mantenían el valor nominal de los préstamos anteriores, pero otorgaban un interés inferior al del mercado, y Bonos Discount, con un interés normal, pero un valor nominal entre un 30 y un 50 por ciento inferior al de los títulos que sustituían. Los gobiernos, por su parte, garantizaban el principal con bonos del Tesoro estadounidense. Boudou había adelantado a principios del 2010 su intención de cambiar esos papeles pero por separado del canje. “No pudieron ser incluidos porque los activos subyacentes se encontraban afectados por medidas cautelares dispuestas por una corte de Nueva York”, explicó el ministro. Las medidas a las que hacía mención fueron por el litigio iniciado por el fondo buitre Capital Ventures International y esto hacía sumamente complejo incluir los Bonos Brady en el canje. El canje de esos bonos apuntaba no solo a reducir el stock de deuda todavía en default –entre el canje de 2005 y el de este año se reestructuró el 92 ciento–, sino que era una definición estratégica para evitar futuras presentaciones judiciales o embargos y además cerrar definitivamente el canje de deuda en default iniciado a partir del 2005. Los bonos Brady relacionados con el caso de la corte vencen en el 2023. La garantía de los bonos sería devuelta a Argentina si el país paga el capital al momento del vencimiento o, en caso contrario, iría a los tenedores directamente si el país no cancela su obligación.
“En definitiva, con esta decisión se privilegia a los fondos buitre frente a los bonistas que querían canjear sus bonos Brady y ahora se trata un conflicto entre acreedores entre los canjes que propuso la República Argentina al 92 % de los bonistas y acreedores que están buscando un trato diferencial como los fondos buitre”. Hay que destacar que este canje era parte de una operación más amplia para reestructurar un remanente del total de deuda defaulteada con la crisis de 2001/2002. Pero el dictamen, realizado por el Segundo Circuito de la Corte de Apelaciones de Nueva York, de mantener la orden de embargo sobre las garantías de los bonos Brady obliga a la Argentina a desistir del mismo. Por lo tanto no se puede por ahora cerrar definitivamente el canje de la deuda.
Como la sentencia implica que la garantía puede ser confiscada por el fondo Capital Ventures International, que busca recuperar el valor total de los bonos argentinos en default, el Gobierno desiste de la operación. “El no levantamiento del embargo nos obligó a desistir de la operación de canje de bonos Brady” dijo Lorenzino.
El 7 de diciembre pasado, el Gobierno abrió la reestructuración de los bonos Brady residuales. Esos papeles representan una mínima parte de la deuda total que fue declarada en default en el año 2002: al 30 de junio pasado se acumulaban unos 380 millones de dólares impagos. El Ministerio de Economía no los incluyó en la reapertura del canje de este año debido a que sus garantías –denominadas activos subyacentes– estaban alcanzadas por medidas cautelares, muchas de ellas del juez neoyorquino Thomas Griesa. Pero a principios de noviembre el magistrado levantó el embargo sobre esos activos permitiendo que se lance la operación. En ese entonces, el ministro Amado Boudou manifestó que “Griesa esta vez no jugó a favor de los fondos buitre y por eso tenemos la posibilidad de abrir el canje de los Brady y estimamos alcanzar una adhesión del 60 por ciento”. Estos bonos fueron creados en la década del ’80 por el entonces secretario del Tesoro de Estados Unidos Nicholas Brady, para solucionar los problemas de la deuda de varios países latinoamericanos y, sobre todo, permitir que los acreedores recuperaran aunque fuera una parte de esos pasivos. La iniciativa reconocía un recorte de las acreencias, pero con la obligación de que los deudores realizaran fuertes ajustes fiscales. Los bonos Brady emitidos en 1989 incluían dos tipos básicos: Bonos Par, que mantenían el valor nominal de los préstamos anteriores, pero otorgaban un interés inferior al del mercado, y Bonos Discount, con un interés normal, pero un valor nominal entre un 30 y un 50 por ciento inferior al de los títulos que sustituían. Los gobiernos, por su parte, garantizaban el principal con bonos del Tesoro estadounidense. Boudou había adelantado a principios del 2010 su intención de cambiar esos papeles pero por separado del canje. “No pudieron ser incluidos porque los activos subyacentes se encontraban afectados por medidas cautelares dispuestas por una corte de Nueva York”, explicó el ministro. Las medidas a las que hacía mención fueron por el litigio iniciado por el fondo buitre Capital Ventures International y esto hacía sumamente complejo incluir los Bonos Brady en el canje. El canje de esos bonos apuntaba no solo a reducir el stock de deuda todavía en default –entre el canje de 2005 y el de este año se reestructuró el 92 ciento–, sino que era una definición estratégica para evitar futuras presentaciones judiciales o embargos y además cerrar definitivamente el canje de deuda en default iniciado a partir del 2005. Los bonos Brady relacionados con el caso de la corte vencen en el 2023. La garantía de los bonos sería devuelta a Argentina si el país paga el capital al momento del vencimiento o, en caso contrario, iría a los tenedores directamente si el país no cancela su obligación.
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