Córdoba avanza en su reclamo. La Corte Suprema anuncia una audiencia de conciliación en septiembre. Los gobernadores siguen con atención qué hace la Nación. La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSeS) consideró que no debe enviar los recursos correspondientes a la Caja de Jubilaciones de Córdoba porque sus jubilados ganan demasiado.
CIUDAD DE BUENOS AIRES. Es un conflicto que crece, sin pausa. Córdoba defiende lo suyo. Reclama federalismo. José Manuel De la Sota percibe que, si bien algunos gobernadores murmuran por lo bajo su coincidencia, en público apenas el santafecino Antonio Bonfatti y ahora el correntino Ricardo Bonfatti han manifestado su coincidencia.
En cuanto a la Nación, se niega a ceder porque De la Sota es, para Cristina Fernández de Kirchner, un adversario. Con la Presidente hay solo 2 relaciones posibles: reconocerla como líder o asumir las consecuencias. Luego, De la Sota es un potencial presidenciable 2015 y ya se sabe qué hizo el Frente para la Victoria con Daniel Scioli cuando expresó una ambición similar. Y qué ocurre con Mauricio Macri, a causa de un anhelo parecido. Cristina dice que no desea la re-reelección pero ella está dispuesta a destrozar a todos los que manifiesten interés en sentarse en el sillón del unitario Bernardino Rivadavia. Por lo tanto, De la Sota es un enemigo aunque ambos (ella y él) se manifiesten peronistas. Ambos saben que el peronismo de uno es bien diferente al peronismo de otro. La magia del peronismo es que no se sabe cuál es el límite y cualquiera puede ser peronista.
Además, De la Sota es un gobernador y la Nación ya ha decidido que las provincias harán el ajuste.
Que De la Sota se haya encontrado confidencialmente con Hugo Moyano, segun deslizan los espías de Cristina, indica una relación sin retorno entre el gobernador y la Presidente.
De la Sota sabe que Cristina prepara la contraofensiva pero él también mantiene su ofensiva porque insiste en que a Córdoba le asiste el Derecho tributario/previsional y la República federal, enarbolando una bandera tan conocida por todos los que viven fuera de la capital federal y el Gran Buenos Aires. Cristina lo subestima: "No mide bien en las encuestas", desliza para explicar su desdén.
Fuentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación indicaron que habrá una audiencia a la que serán citadas las partes en conflicto, a concretarse a mediados de setiembre y de su resultado dependerá el destino del 15%de la masa de recursos coparticipables, destinados desde agosto de 1992 al financiamiento de la ANSeS, y que en 2012 superarían los $ 40.000 millones.
Ambos saben que todos los gobernadores están pendientes de qué ocurrirá en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Hasta los que se manifiestan entusiastas de Cristina Capitana como José Luis Gioja, el sanjuanino ex escudero de José Luis Manzano, hoy gobernador de Barrick (perdón, de San Juan), quieren conocer las últimas noticias del diferendo.
Córdoba reclama a la Nación $ 1.040 millones, en concepto de financiamiento del déficit acordado para el año 2011 y nunca pagado. Además, espera un acuerdo para el corriente año. A fines de junio, Juan Manuel Abal Medina (h), jefe del Gabinete de Ministros de la Nación, había deslizado que no enviaría fondos a la Provincia, porque ésta incumplió con la prometida armonización de sus sistema previsional con el sistema de la ANSeS.
ANSeS
En una carta remitida al jefe de Gabinete de Córdoba, Oscar González, la ANSeS (Administración Nacional de Seguridad Social) afirmó que no transfiere los fondos a Córdoba porque “los haberes básicos medios que paga el sistema provincial, exceden largamente los valores del orden nacional y los de aquellos sistemas que han sido transferidos a la jurisdicción nacional”.
El párrafo pone en evidencia y no deja lugar a dudas: el Ejecutivo nacional propicia una fuerte reducción de las jubilaciones en Córdoba para alinear las remuneraciones de la Caja con los haberes de jurisdicción nacional. La realidad confirma estos datos.
Mientras en Córdoba el haber promedio supera los $ 7.000, ANSeS paga jubilaciones promedio apenas por arriba de los $ 2.000.
La misiva de la ANSeS es la respuesta a la nota que González envió el 04/07 a Diego Bossio, director ejecutivo de esa administración nacional.
Para los cordobeses, en una evidente señal de menoscabo y desprecio, la respuesta al jefe de Gabinete provincial está firmada por Germán Cervantes, un ignoto subdirector ejecutivo de Administración de la ANSeS, funcionario de 3ra. o 4ta. línea del organismo nacional.
Sin embargo, contrariamente a lo que propicia ANSeS, el Gobierno de Córdoba ratificó que sostendrá el 82% móvil.
Tampoco modificará el sistema de cálculo del haber jubilatorio y seguirá tomando como base los últimos 4 años y no los últimos 10, tal como pretende la Nación. Córdoba acaba de llevar el haber mínimo jubilatorio a $ 2.500.
Efecto Zaffaroni
El abogado constitucionalista Félix Loñ consideró que es “viable” el reclamo de Córdoba a la Corte Suprema por los fondos adeudados a la Caja de Jubilaciones de la provincia mediterránea.
En diálogo con la radio cordobesa Cadena 3, Loñ consideró que las expresiones del juez de la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni, quien afirmó que un fallo no resolverá la pelea por la coparticipación, “no fueron apropiadas”.
Loñ aclaró que Zaffaroni “quiso decir que hay un aspecto político”, más allá del legal, para solucionar este diferendo.
En este contexto, Loñ afirmó: “A Córdoba no lo quedaba otra alternativa que recurrir a la Justicia”.
A su vez, el gobernador de Santa Fe, Antonio Bonfatti, le dijo a la misma radiodifusora que los dichos de Zaffaroni resultan “sólo es la opinión de un ministro” (de la Corte, o sea que él no fue un vocero del colectivo que preside el santafecino Ricardo Lorenzetti).
“Será la opinión de un ministro. Me parece que nuestros ministros también están trabajando en el tema. Unilateralmente no se puede asumir un pacto entre dos cuando uno no firma”, aseguró el mandatario santafesino.
Zaffaroni había considerado que los juicios de Santa Fe y Córdoba en reclamo de fondos "habría que discutirlos en una mesa de negociación".
Él había advertido que un fallo del máximo tribunal "no resolverá" la pelea por la coparticipación.
¿Será posible un Club de Gobernadores? Por ahora, no. El socialista Bonfatti (en guerra con los peronistas santafecinos) descartó armar un frente común con De la Sota: “Creo que Santa Fe tiene que defender sus intereses, de hacer los reclamos que cree correspondiente ante la Nación”.
La postura de Zaffaroni también fue criticada por el ex candidato a presidente del Frente Amplio Progresista (FAP), Hermes Binner, anterior gobernador de Santa Fe, quien se preguntó con ironía si las provincias debían recurrir "a la Luna".
Binner, cuando era gobernador de Santa Fe, recurrió a la Corte Suprema por entender que la validez del Pacto Fiscal había caducado en 2005, pero las audiencias no prosperaron porque no concurrió el representante de la Nación, el entonces ministro de Economía, Amado Boudou. Pero los tiempos han cambiado... hasta para ese cadáver político llamado Boudou.
A su vez, el jefe de Gabinete de Córdoba, González, también habló acerca de los dichos de Zaffaroni.
“Él se ha referido al reclamo del 15% que han planteado otras provincias. No existe otro ámbito que pueda resolver el conflicto entre la Nación y provincias que no sea la Corte. De lo contrario, dejamos de vivir en una República”.
“Resulta inexplicable lo que ha dicho, porque así lo establece la Constitución y las leyes. Tampoco me parece bueno que un juez adelante opinión en un caso que le va a tocar intervenir".
“Creo que es claro que la Casa Rosada quiere usar a las provincias para enmascarar el ajuste que el propio gobierno está haciendo”.
“En lo que respecta a la Caja de Jubilaciones, lo que se nos pide la Nación con la palabrita 'armonización' es un juste que vulnera conquistas, que los cordobeses han logrado a lo largo de los años. Las provincias que han armonizado infinitamente menos que Córdoba siguen recibiendo cifras enormes de dinero. Como el caso de Santa Cruz. Hay una discrecionalidad y no queda otra que recurrir a la Corte”.
“De le Sota jamás ha dicho que quiere ser presidente de la Nación, y aún si lo hubiere dicho, la democracia está en problema si la respuesta institucional del Gobierno Nacional es ésta”.
“Nosotros estamos defendiendo lo que es de Córdoba. No nos hemos convertidos en enemigos de nadie. El propio gobernador ha dicho que si se lo convoca a una mesa de diálogo, seria, ahí estará. Córdoba ha tenido durante meses una actitud dialoguista. Y hemos tomado un camino que no hubiéramos querido elegir”.
De la Sota le dijo a Cadena 3: “Ojalá que muchas de las cosas que digo públicamente pudiera tener la oportunidad de conversarlas mano a mano con la Presidenta, porque la gente hablando se entiende, al menos así me enseñaron desde chico. Ojalá en la Argentina hablando podamos entendernos cada días más. No hemos ido a la Justicia para cobrar lo que nos deben porque nos guste, sino que hemos ido porque no nos dejaron otro camino”.
La Nación
Córdoba lo analiza diferente. La ley 23.548 de Coparticipación Federal de Impuestos estableció en 1988 que de la masa de recursos total se destine el 42,34% a la Nación, el 56,66% a las provincias y 1% a los ATN (Aportes del Tesoro Nacional).
El Pacto Fiscal del 12 de agosto de 1992 respetó esos porcentajes, pero estableció que antes del reparto se destinara el 15% de la masa coparticipables al sostenimiento del sistema previsional, en atención a que por entonces se planeaba transformar el régimen de reparto en uno de capitalización, algo que ocurrió en julio de 1994.
De ese 15%, las provincias aportan 8,499 puntos y la Nación los 6,501 restantes, pero en este último caso representa una transferencia dentro del mismo Estado Nacional.
Desde que el sistema previsional volvió a ser íntegramente estatal, a partir de noviembre de 2008, existen 2 posiciones acerca de cuál debe ser el destino de ese 15%:
De la Sota entiende que los recursos deben volver a las provincias porque ya no está vigente la razón del aporte, que era la financiación de la transición de un sistema previsional a otro.
Cristina advierte que en el Pacto Fiscal se hace referencia al "sostenimiento del sistema previsional" sin especificaciones y además se hace mención a "otros gastos operativos".
De acuerdo a una estimación de la consultora Economía & Regiones, entre 2000 y 2012 las provincias habrán aportado a la ANSeS más de $ 108.000 millones, a valores corrientes.
La respuesta del Ejecutivo Nacional fue brindada por el adjunto I a cargo de la Defensoría del Pueblo de la Nación, Anselmo Sella, en un despacho informativo difundido por la agencia estatal de noticias Telam:
"(...) Sella, aseguró que no existe ninguna intención de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) de no asumir sus compromisos con la provincia de Córdoba, sino que es el gobierno de ese distrito el que no cumplió lo acordado con la Nación en su momento.
Sella indicó que “en un acuerdo de 2009 la Provincia se comprometió a completar las armonizaciones de todos los puntos del convenio, que son de convergencia con el régimen previsional nacional y se refieren a la determinación del haber jubilatorio”.
Así él precisó que “el acuerdo prevé que las jubilaciones de la provincia pasen de calcularse en base al promedio de los últimos 10 años de trabajo, tal como lo establece el régimen nacional, en lugar de los 4 años que rigen en la actualidad en el régimen provincial”.
“El otro punto de armonización que no se ha completado es el que se refiere a la movilidad. En este sentido, según el acuerdo, la provincia debería pasar del 82 % móvil al régimen de movilidad nacional, que establece dos aumentos automáticos anuales en base a un régimen mixto de ingresos tributarios e ingresos previsionales”, subrayó el ombudsman al canal 8 de Córdoba.
Sella puntualizó que “la Provincia no ha avanzado con el proceso de armonización hasta la fecha”, y remarcó que “consecuentemente, ANSeS ha aplicado una cláusula incorporada a este último convenio en la cual se establece que en caso de que la Provincia no concluya la armonización, la obligación de la Nación de pagar los fondos estipulados paras los años 2010 y 2011 pierde toda efectividad y exigibilidad”.
“En este sentido no veo que haya una decisión política por parte de ANSeS de no pagar, sino que hay una imposibilidad legal porque una cláusula expresa del Convenio así lo dispone”, afirmó el funcionario.
Sella señaló que “la Provincia de Córdoba inició acciones judiciales y la Corte Suprema de Justicia de la Nación tendrá que resolverlo en base al análisis de los elementos que se hayan aportado a esa demanda”. (...)".
