miércoles, 27 de julio de 2011

Los subsidios erosiona las cuentas de Cristina

Como parte de la herencia negativa que dejó la crisis económica 2001/2002, el Gobierno argentino sigue cargando hoy con el lastre de tener que pagar subsidios multimillonarios para mantener congeladas las tarifas de energía y del transporte.
En la Ciudad de Buenos Aires, muchos residentes gastan más en el almuerzo diario que en sus cuentas de gas y luz.
Un boleto de tren cuesta apenas medio dólar.
"Vivo en Recoleta, el lugar más caro de Buenos Aires, vivo en un departamento chico de más o menos 40 metros cuadrados, pago 27 pesos (6,5 dólares) de luz y 21 pesos de gas (...) Es injustificable", dijo Abel Viglione, un economista de la consultora privada Fiel.
Años de inflación de dos dígitos, que impulsaron los salarios y los precios, resaltan el minúsculo costo de los pasajes de autobús y de tren y de las cuentas de gas y luz, que casi no cambiaron y que cuestan apenas una fracción de lo que se cobra en países vecinos por los servicios públicos. La industria también se beneficia de la energía subsidiada, lo que ayuda a fortalecer el crecimiento económico del país. Pero a tres meses de las elecciones presidenciales, el costo de subsidiar a las compañías de energía, transporte y del agua potable está aumentando rápidamente, erosionando el apreciado ahorro fiscal de la presidenta Cristina Fernández pese a recaudaciones impositivas en máximos históricos. Las tarifas de los servicios públicos fueron congeladas hace 10 años para aminorar el golpe de la devaluación y la fuerte recesión. En el 2005, los gastos por subsidios representaban menos del 5% del gasto primario del Gobierno. Cinco años después, esa cifra superó el 12%, de acuerdo con estimaciones privadas.
Economistas dicen que enfrentar este tema debería ser una prioridad para Fernández si es reelecta el 23 de octubre. Pero la presidenta, que lidera los sondeos de intención de voto, podría pensar dos veces antes de aumentar las tarifas por temor al costo político que podría generar una decisión de ese tipo. Los consumidores se han acostumbrado a tarifas bajas que reducen los gastos generales en momentos en que la inflación anual es de más del 20%.
"Ojalá que no (eliminen los subsidios), porque de esa manera el costo de vida sería altísimo", dijo el cocinero David Vergara, de 63, años mientras hacía fila para pagar la cuenta del gas. "Ojalá que el subsidio siga por tiempo largo". El malestar popular forzó a Fernández a retroceder cuando intentó aumentar las tarifas de los servicios en el 2009. Desde ese momento, la etiqueta "Subsidiado por el Estado" está impresa sobre las cuentas de gas y luz en letras grandes y rojas, y también en carteles a los costados de los autobuses.
A los consumidores también se les recuerda cuánto más pagan por ese mismo servicio en países vecinos como Uruguay y Chile. La tarifa industrial de gas en Argentina es un 73% más baja en promedio que en Brasil, mientras que la tarifa básica residencial es de un 5% de lo que se paga en Chile, de acuerdo con la consultora Montamat & Asociados. Se espera que mantener la red de subsidios estatales cueste al Tesoro argentino unos $ 70.000 millones (US$ 16.300 millones) este año, un alza de casi un 40% respecto el año pasado, por el aumento en la demanda de servicios públicos que genera una economía en crecimiento, dicen economistas. "Prácticamente están gastando 6 ó 7 veces más en subsidios a empresas de transporte y energía que en lo que están gastando en subsidios a la población más pobre", dijo Mariano Féliz, un investigador del estatal Conicet. Los subsidios a la energía son especialmente controversiales porque fomentan un mayor uso de gas y electricidad y porque muchas de las familias de bajos ingresos no están conectadas a la red de gas natural y deben comprar gas en garrafas, que es mucho más caro. Las tarifas en la relativamente rica Ciudad de Buenos Aires y en sus densamente poblados suburbios también son más baratas que en otras regiones.
"Aún cuando las tarifas de energía y transporte son bajas en la Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, y aún cuando en gran medida benefician a familias medias y altas, aún así cuando se quiera bajar los subsidios y subir las tarifas va a haber un costo político", dijo Marcelo Capello, director de la consultora en economía IERAL. El clima frío en el pico del invierno en el Hemisferio Sur forzó al Gobierno a relocalizar unos $ 6.000 millones (US$ 1.400 millones) en subsidios de energía a principios de este mes, algo que alimenta el crecimiento del gasto público que hoy se ubica en el 36% anual. El aumento de la demanda provoca un alza de las importaciones de combustibles como el gas natural licuado, que es más costoso que el gas producido localmente y que también perjudica el superávit comercial. Los críticos dicen que la fuerte intervención del Estado en el sector energético, incluyendo los subsidios, perjudica las inversiones al hacer que las empresas dependan más de decisiones políticas que de fuerzas del mercado.
Carrera electoral
Durante campañas electorales, presidentes en función suelen presentar obras públicas de alto perfil, pero el enorme gasto en subsidios parece estar forzando al Gobierno a buscar todo tipo de ahorros. El gasto en infraestructura cayó un 0,4% interanual en junio "producto de un peso cada vez mayor de los subsidios", dijo la consultora Economía & Regiones. La mayoría de los economistas y grupos de consumidores proponen aumentos graduales de tarifas, acompañados de un esquema para darle subsidios a aquellos que más lo necesitan. Algunos dicen que el Gobierno debe empezar a atacar la inflación mediante el ajuste de políticas monetarias y fiscales laxas, algo que controlaría el precio de otros bienes primarios y ayudaría a los consumidores a pagar precios más realistas por los servicios públicos. Pero hay dudas de que el próximo Gobierno esté preparado para recortar subsidios a menos que haya una repentina caída en la prometedora perspectiva económica de altos precios de granos y demanda de autos de Brasil. En la presentación de una nueva estación energética el fin de semana, Fernández defendió los subsidios, diciendo que las bajas tarifas ayudaron al crecimiento del consumo y a crear una industria más competitiva. Un repentino aumento en las tarifas aumentaría los costos de producción para empresas locales. También generaría un shock inflacionario, a pesar de que los analistas tienen diferentes opiniones sobre cuán fuerte sería el impacto. El economista Marcos Buscaglia, de Bank of America, dijo en un informe reciente que recortar los subsidios "pondría las cuentas del Gobierno en un superávit nuevamente", estimando un fuerte déficit fiscal para este año. Sin embargo, dijo que la administración de Fernández no está apurada por hacer cambios: "La eliminación de subsidios (...) es un evento que no esperamos en los próximos años".

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