En los sucesos trágicos en el predio del Ingenio Ledesma, 500 familias ocuparon 15 hectáreas que la poderosa empresa había cedido de palabra para la construcción de viviendas populares hace cuatro años. Los reclamos por la cesión de las tierras en cuestión son liderados por la Corriente Clasista y Combativa, que en el orden nacional comanda Juan Carlos Alderete, o sea, la rama piquetera del Partido Comunista Revolucionario que, en el conflicto con el campo por la 125, tomó una decisiva participación apoyando a la Comisión de Enlace. Los episodios de violencia en Jujuy tuvieron lugar en el departamento Libertador General San Martín. En cambio, en la periferia de la capital, San Salvador, se desarrolló un complejo de viviendas manejado por la dirigente de la organización Tupac Amaru, Milagro Sala, que es una gran privilegiada por la ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, y el Ministerio de Planificación Federal. Las milicias de Sala están alineadas férreamente con el cristinismo en el orden nacional, pero sus relaciones con el gobernador Walter Barrionuevo y el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Fellner, candidato a gobernador por el Frente para la Victoria, son pésimas.
El caso Schoklender-Bonafini como telón de fondo
Sala, al igual que Hebe Bonafini y Sergio Schoklender, fue una gran beneficiaria de los planes de viviendas populares y recibe 10 millones de pesos por mes para esos fines. Es indudable que la discriminación del gobierno nacional hacia las 500 familias del departamento Libertador General San Martín tuvo mucho que ver con la violencia que se desencadenó el jueves pasado, aunque no se sabe dónde se originaron los primeros disparos que resultaron en la muerte del policía jujeño. Pero, según fuentes locales, habría jugado un rol decisivo el hecho de que estas familias veían que las promesas de los gobiernos nacional y provincial no se cumplían, mientras el dinero del Estado fluye generosamente hacia Milagros Sala y su corriente Tupac Amaru.
A todo esto, el escándalo Schoklender-Bonafini es inagotable, como lo demuestra la última ronda de los jueves de las Madres de Plaza de Mayo, donde los obreros impagos del Gran Buenos Aires intentaron llegar hasta la jefa de las Madres, pero la guardia de infantería, bien pertrechada, no dejó que le hablaran. Ayer viernes, varios obreros que trabajan para la fundación de las Madres en el Chaco tomaron el obrador, en protesta por la paralización de las obras. Venimos señalando desde hace quince días que la próxima semana los fiscales Raúl Plee y Jorge di Lello le pedirían a Norberto Oyarbide la citación a indagatoria de los hermanos Schoklender y de Hebe y Alejandra Bonafini, por los delitos administración infiel y lavado de dinero. Los violentos episodios de Jujuy demuestran, entonces, que los fondos destinados a la construcción de viviendas populares en lugares donde son indispensables se desviaron hacia el sistema clientelístico del Frente para la Victoria, que los dilapidó en autos lujosos, aviones, cruceros y viajes a Punta del Este.
El caso Schoklender-Bonafini como telón de fondo
Sala, al igual que Hebe Bonafini y Sergio Schoklender, fue una gran beneficiaria de los planes de viviendas populares y recibe 10 millones de pesos por mes para esos fines. Es indudable que la discriminación del gobierno nacional hacia las 500 familias del departamento Libertador General San Martín tuvo mucho que ver con la violencia que se desencadenó el jueves pasado, aunque no se sabe dónde se originaron los primeros disparos que resultaron en la muerte del policía jujeño. Pero, según fuentes locales, habría jugado un rol decisivo el hecho de que estas familias veían que las promesas de los gobiernos nacional y provincial no se cumplían, mientras el dinero del Estado fluye generosamente hacia Milagros Sala y su corriente Tupac Amaru.
A todo esto, el escándalo Schoklender-Bonafini es inagotable, como lo demuestra la última ronda de los jueves de las Madres de Plaza de Mayo, donde los obreros impagos del Gran Buenos Aires intentaron llegar hasta la jefa de las Madres, pero la guardia de infantería, bien pertrechada, no dejó que le hablaran. Ayer viernes, varios obreros que trabajan para la fundación de las Madres en el Chaco tomaron el obrador, en protesta por la paralización de las obras. Venimos señalando desde hace quince días que la próxima semana los fiscales Raúl Plee y Jorge di Lello le pedirían a Norberto Oyarbide la citación a indagatoria de los hermanos Schoklender y de Hebe y Alejandra Bonafini, por los delitos administración infiel y lavado de dinero. Los violentos episodios de Jujuy demuestran, entonces, que los fondos destinados a la construcción de viviendas populares en lugares donde son indispensables se desviaron hacia el sistema clientelístico del Frente para la Victoria, que los dilapidó en autos lujosos, aviones, cruceros y viajes a Punta del Este.
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